La Sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer una jornada sobre la protección de los menores frente a la explotación sexual en el entorno digital. Beatriz Izquierdo presentó y moderó el encuentro, celebrado en el Salón de Actos del ICAM y retransmitido también en línea. La ponencia corrió a cargo de Eduardo Borobio León, subdirector general de Cooperación Policial Internacional del Ministerio del Interior, comisario de la Policía Nacional y miembro de la Sección.
Borobio explicó el alcance de la propuesta de reglamento europeo destinada a prevenir y combatir la explotación sexual de menores en internet. Según expuso, la iniciativa busca imponer a los proveedores de servicios obligaciones para prevenir la difusión de este material, evaluar los riesgos de sus plataformas, detectar y comunicar posibles casos y retirar los contenidos. También contempla medidas frente a la captación de menores con fines sexuales, conocida como grooming.
Uno de los ejes de la jornada fue la difícil negociación de la norma en la Unión Europea. El ponente repasó las diferencias entre las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo, especialmente en torno a la detección de contenidos, las comunicaciones cifradas y la protección de la privacidad. Borobio advirtió de que las sucesivas concesiones para alcanzar un acuerdo han reducido el alcance de la propuesta inicial.
La sesión permitió conocer, además, las dificultades prácticas de la cooperación policial internacional. Borobio se refirió a la operación contra la plataforma Kidflix y al caso Mundo CAPAX como ejemplos de la dimensión transnacional de estos delitos y de la rapidez con la que pueden difundirse los contenidos. También abordó el aumento de los casos de grooming y la aparición de material de explotación sexual infantil generado mediante inteligencia artificial.
En el coloquio posterior, los asistentes plantearon preguntas sobre la sensibilización de menores y familias, la educación digital y la capacidad de respuesta de las normas nacionales ante un fenómeno que traspasa fronteras. Borobio defendió un enfoque que implique a las familias, los centros educativos, las plataformas y las instituciones. Izquierdo subrayó la necesidad de dar a conocer estos riesgos para que los menores puedan pedir ayuda y para que quienes les rodean sepan cómo protegerlos.
