La Sección de Violencia de Género del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada «Visibilización judicial de la violencia vicaria y su abordaje desde el punto de vista jurídico», con la intervención de Cira García Domínguez, magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. El encuentro fue presentado y moderado por Lola Calderón, presidenta de la Sección.
La sesión puso el foco en las formas de violencia vicaria que pueden pasar inadvertidas en los procedimientos judiciales. García Domínguez advirtió de que la atención suele concentrarse en sus manifestaciones más extremas, mientras que otras conductas cotidianas quedan ocultas o se interpretan como simples desacuerdos entre progenitores. «Detectar es proteger», resumió la magistrada, que insistió en la necesidad de examinar el conjunto de los hechos y su impacto en los hijos e hijas.
Entre los posibles indicadores abordados figuraron las amenazas de hacer daño a los menores o impedir el contacto con la madre, las restricciones de comunicación, la negativa reiterada a autorizar tratamientos psicológicos, las trabas a decisiones escolares o sanitarias y la utilización de los hijos para obtener información o desacreditar a la madre. La ponente subrayó que ninguna conducta aislada permite por sí sola establecer que exista violencia vicaria: es preciso valorar el contexto de violencia de género, el patrón de comportamiento y la finalidad de causar daño a la mujer.
Escuchar a los niños y valorar su situación
La jornada dedicó especial atención a las señales de malestar en los menores, como cambios de conducta, miedo, aislamiento, dificultades escolares o alteraciones del sueño. García Domínguez defendió que sus circunstancias deben reflejarse en las demandas, los informes y las resoluciones judiciales, y recordó la importancia de garantizar su derecho a ser oídos y escuchados mediante procedimientos adaptados a su edad y situación.
Calderón planteó durante el diálogo las dificultades que encuentran los profesionales de la abogacía para identificar estas situaciones y trasladarlas a una denuncia o a un procedimiento de familia. Ambas abordaron la necesidad de construir un relato completo de los hechos, acompañado de los informes escolares, sanitarios o psicológicos pertinentes, y de prestar asistencia jurídica a las víctimas desde el primer momento.
La magistrada incidió también en la coordinación entre los procedimientos penales y civiles. A su juicio, el archivo de una causa penal no debe impedir que, al adoptar medidas sobre custodia o visitas, se examinen los antecedentes y la situación actual del menor. En este sentido, reclamó una valoración concreta del interés superior de cada niño o niña y una motivación cuidadosa de las decisiones que afecten a su protección.
Formación, coordinación y respuesta jurídica
Durante la sesión se repasaron la evolución del reconocimiento jurídico de la violencia vicaria, distintas resoluciones judiciales y el proyecto de ley en tramitación parlamentaria. García Domínguez expuso asimismo un caso práctico para mostrar cómo pueden analizarse conjuntamente los indicadores, los informes profesionales y la escucha del menor. El debate abordó también la necesidad de mejorar los instrumentos de detección del riesgo, la formación especializada y la coordinación entre la justicia, los servicios sociales y los ámbitos educativo y sanitario.