VIII Congreso Nacional de Consumo / Ribón reclama a la CNMC que ayude a cuantificar los daños de los cárteles para facilitar las indemnizaciones a los consumidores

  • • En el VIII Congreso Nacional de Consumo ICAM-AEDC, el decano del ICAM pide a la CNMC un papel más activo en la cuantificación de los daños causados por los cárteles, para evitar que el coste de los informes periciales impida reclamar indemnizaciones.
  • • Eugenio Ribón reivindica una protección de los consumidores que vaya más allá del reconocimiento formal de sus derechos y advierte de las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para ejercerlos frente a entidades financieras y grandes empresas.
  • • Los últimos criterios del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas y costas procesales, así como las vías de reclamación por vehículos defectuosos y las posibles irregularidades en su financiación, entre los asuntos abordados en el encuentro.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un papel más activo en la cuantificación de los daños causados por los cárteles empresariales, con el objetivo de facilitar las reclamaciones de los consumidores y evitar que el coste de los procedimientos judiciales impida obtener una indemnización. «La CNMC no está únicamente para sancionar», ha señalado durante el VIII Congreso Nacional de Consumo ICAM-AEDC, que se celebra los días 19 y 20 de noviembre en la sede del ICAM.

La propuesta responde a una preocupación que Ribón ha situado en el centro de su intervención inaugural: las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para hacer valer sus derechos cuando se enfrentan a entidades financieras y grandes empresas. «La cuantía de un expediente nunca mide por completo lo que está en juego», ha afirmado, recordando que detrás de una reclamación puede haber una familia que intenta recuperar sus ahorros, comprender las condiciones de un contrato o resolver un conflicto relacionado con la compra de un vehículo.

Desde esta perspectiva, el decano ha reivindicado una protección de los consumidores que no se limite al reconocimiento formal de derechos, sino que garantice también la posibilidad efectiva de ejercerlos. Una exigencia especialmente relevante en los litigios por prácticas anticompetitivas, donde las dificultades para acreditar los perjuicios económicos pueden convertirse en un obstáculo insalvable para los afectados.

Durante la sesión dedicada a los nuevos ámbitos de litigación en materia de competencia, Ribón ha ilustrado esta situación con las diferencias entre una empresa que reclama por los daños sufridos en una flota de cientos de vehículos y un consumidor particular que pretende recuperar el sobreprecio abonado por un automóvil. Mientras la primera puede asumir el coste de una pericial econométrica, el segundo puede verse obligado a renunciar a sus derechos por la falta de rentabilidad económica del procedimiento. «Cuando una acción se deja de ejercer no por desidia, sino por racionalidad económica, quiere decir que hay un fallo en el sistema de protección del Estado», ha advertido.

Para corregir esta situación, Ribón ha defendido que las autoridades de competencia contribuyan también a la reparación de los perjuicios derivados de las prácticas anticompetitivas, facilitando parámetros técnicos e intervalos orientativos que ayuden a los tribunales a estimar los daños. A su juicio, esta colaboración permitiría reducir las dificultades probatorias en las reclamaciones de menor cuantía y evitar que el coste de los informes periciales termine dejando sin compensación a numerosos consumidores.

Nuevos criterios judiciales para reclamar los daños de los cárteles

Este debate cobra especial relevancia tras las novedades jurisprudenciales introducidas por tres sentencias del Tribunal Supremo dictadas los días 21 y 22 de octubre de 2026, que afectan a la reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia.

La primera, relativa al denominado cártel de la leche, aborda la estimación judicial del perjuicio sufrido por los ganaderos afectados, con una indemnización calculada en el 2 %. Las otras dos, sobre el cártel de fabricantes de automóviles, sitúan en el 5 % del precio de adquisición la estimación judicial del daño en los supuestos examinados y analizan la responsabilidad solidaria de los participantes en la conducta anticompetitiva. A juicio de Ribón, estos pronunciamientos suponen un avance, aunque todavía existe margen para mejorar los mecanismos de cuantificación, particularmente en los litigios de menor importe.

También ha destacado la evolución de los criterios sobre prescripción, a partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de septiembre de 2025 en el asunto Nissan, que impide situar el inicio del plazo para reclamar antes de que adquiera firmeza la resolución sancionadora y el perjudicado disponga de la información necesaria para ejercitar su acción.

En el terreno práctico, Ribón ha animado a los profesionales a seguir las resoluciones y los expedientes de las autoridades de competencia para identificar posibles reclamaciones, distinguiendo entre las sanciones firmes, las resoluciones todavía recurridas y las investigaciones en curso.

Esta necesidad de contar con información y recursos para afrontar litigios complejos enlaza con otro de los mensajes del decano durante la inauguración: la importancia de compartir resoluciones judiciales y experiencias entre abogados de distintos territorios. Una colaboración que permite reforzar la defensa de los consumidores frente a organizaciones empresariales que disponen de mayores medios económicos y jurídicos.

El debate sobre la litigación abusiva y los retrasos judiciales

La primera jornada del Congreso ha incluido también un análisis de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo a cargo de Amaia Castaño Aguirre, magistrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera, que ha repasado las últimas resoluciones sobre préstamos hipotecarios, comisiones bancarias, tarjetas revolving, hipotecas inversas y acciones colectivas.

Uno de los asuntos que ha suscitado mayor debate ha sido el tratamiento de las costas procesales y la reciente doctrina del Supremo frente al fraccionamiento artificioso de demandas destinadas a multiplicar las condenas en costas. La magistrada ha defendido la necesidad de distinguir entre el ejercicio legítimo de acciones para proteger a los consumidores y aquellas estrategias procesales que generan una litigiosidad innecesaria.

Amaia Castaño Aguirre, Magistrada. Gabinete Técnico del TS. Área Civil y Damián Vázquez Jiménez. Abogado. Vocal y socio fundador de la AEDC

En el coloquio posterior, Ribón ha planteado si la noción de abuso del servicio público de justicia debe examinarse también desde la perspectiva de las entidades financieras que mantienen litigios y recursos pese a la existencia de una jurisprudencia consolidada, contribuyendo así a prolongar los procedimientos. El decano ha relacionado esta cuestión con la acumulación de asuntos en los órganos judiciales especializados de Madrid y las demoras que afrontan miles de consumidores para obtener una resolución definitiva.

En respuesta, Castaño ha explicado que la Sala Primera ha abierto piezas separadas para valorar posibles sanciones procesales en procedimientos relacionados con el cártel de camiones que habían sido derivados a mediación y regresaron al tribunal sin acuerdo, pese a existir criterios jurisprudenciales consolidados.

Vehículos defectuosos y financiación: las nuevas vías de reclamación

La protección jurídica de los compradores de vehículos ha centrado otra de las sesiones del Congreso, con las intervenciones de Alicia Agüero Ortiz, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Alejandro Zambrano García Ráez, abogado especializado en litigación de consumo.

Agüero ha explicado que, cuando un vehículo presenta defectos, el consumidor puede exigir su reparación o sustitución y, en determinados supuestos, solicitar una rebaja del precio o la resolución del contrato. También ha destacado que, cuando la compra se realiza mediante un crédito vinculado, el comprador puede dirigir sus reclamaciones contra la entidad financiera si previamente ha reclamado al vendedor sin obtener una solución satisfactoria y concurren los requisitos legales.

Por su parte, Zambrano ha puesto el foco en la transparencia de los préstamos para la adquisición de vehículos, especialmente en el cálculo de la tasa anual equivalente (TAE), las comisiones de apertura y los seguros asociados a la financiación. En este ámbito, ha destacado una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tratamiento de los costes asociados al crédito, que abre nuevas posibilidades de reclamación para los consumidores afectados.

Alicia Agüero Ortiz, Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y Alejandro Zambrano García Ráez, Abogado, junto a Icíar Bertolá, presidenta de la Sección de Consumo del ICAM

Dos jornadas sobre los principales conflictos de consumo

Organizado conjuntamente por el ICAM y la Asociación Española de Derecho de Consumo (AEDC), el Congreso reúne a representantes de la abogacía, la judicatura, la universidad y otros profesionales especializados.

El programa de este viernes incluye sesiones sobre inteligencia artificial aplicada a los despachos, los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y las costas procesales, así como talleres sobre ciberestafas, crédito al consumo y conflictos con plataformas digitales.

La jornada concluirá con la entrega del Premio Anual de la AEDC al Grupo de Acción Judicial de CEACCU, en reconocimiento a su labor pionera en la defensa judicial de los consumidores. Una trayectoria que Ribón ha reivindicado durante la inauguración del Congreso, recordando el papel de este grupo en la apertura de vías de reclamación judicial para conflictos de consumo que, por su escasa cuantía, encontraban anteriormente importantes dificultades para llegar a los tribunales.

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