Manuel Marchena repasa en el ICAM los avances judiciales frente a la violencia de género y llama a reforzar la asistencia a las víctimas

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena repasó este martes, 17 de noviembre, la evolución de la respuesta judicial a la violencia de género en una jornada organizada por la Sección de Violencia de Género del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Durante su intervención, titulada «Violencia de género: de dónde venimos, a dónde vamos», el magistrado analizó cómo ha cambiado la jurisprudencia y situó la atención a las víctimas entre las prioridades pendientes. «Hay muchas cosas todavía que hacer y yo diría, incluso más, hay que hacerlas sobre todo en el terreno asistencial», afirmó.

La presidenta de la Sección, Lola Calderón, presentó la jornada y recordó las dificultades que durante décadas tuvieron las mujeres para llevar la violencia sufrida en el ámbito familiar ante los tribunales y ser escuchadas. También destacó el propósito de la Sección de ofrecer a los profesionales de la abogacía herramientas para su ejercicio diario y para la defensa de las víctimas. Eva Papadopulos, miembro del comité asesor, moderó el encuentro y destacó en la presentación del ponente su trayectoria en la abogacía, la fiscalía, la magistratura y la docencia.

De los celos como atenuante al reconocimiento del daño social

Marchena situó la Ley Orgánica 1/2004 como un punto de inflexión en la respuesta institucional a la violencia de género y reivindicó el papel de la abogacía, la judicatura y la fiscalía en los avances posteriores. Entre los cambios que examinó, se refirió al rechazo de los celos como fundamento de la atenuante de arrebato u obcecación y a la evolución de la dispensa del deber de declarar contra familiares en los procedimientos por violencia de género.

El magistrado también explicó cómo la jurisprudencia ha desarrollado la alevosía convivencial para valorar la indefensión de la víctima en el entorno doméstico. Según expuso, conocer el carácter violento de la pareja no implica poder anticipar un ataque mortal en el domicilio compartido. Asimismo, abordó la compatibilidad, en determinados supuestos, de las agravantes de parentesco y de género.

Otro de los asuntos que destacó fue la incorporación del daño social a la valoración de la indemnización. Marchena explicó que una agresión puede tener consecuencias que se extienden a los hijos, al entorno familiar y a la comunidad de la víctima. A su juicio, incorporar ese impacto a la valoración del daño moral supone un avance en la reparación.

La protección de las víctimas y el reto de cambiar la mentalidad

Al abrir el coloquio, Eva Papadopulos preguntó al magistrado cuál era el principal reto que quedaba por delante tras los avances expuestos. «El reto más importante es cambiar la mentalidad», respondió Marchena. En el turno de preguntas también se abordaron la protección de los menores, las decisiones sobre la patria potestad y las dificultades para trasladar a la práctica judicial los avances en el reconocimiento de la violencia económica. Sobre esta última, Marchena señaló que «la capacidad para decidir en el entorno familiar puede convertirse en un instrumento coactivo».

El magistrado insistió en que la respuesta institucional debe traducirse en protección desde el momento en que se produce la violencia. «Que sepa que desde ese mismo instante el Estado le protege», afirmó al referirse a la atención que deben recibir las víctimas.

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