Las Secciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid han continuado esta semana ofreciendo espacios de análisis, aprendizaje y actualización sobre cuestiones de especial interés para la práctica jurídica. La programación ha incluido también la celebración del I Congreso sobre Contratación Pública del ICAM.
- La Sección de Constitucional celebró la jornada «Trasfondo jurídico-económico en el conflicto entre el derecho anglosajón y el derecho continental». La sesión contó con las intervenciones del decano Eugenio Ribón, J. J. Imaz (Repsol), Manuel Lazcano (FCE-España), la historiadora Elvira Roca Barea, Beatriz Paredes (Fundación Unidos por la Historia) y el diplomático Eduardo Garrigues.
- La Sección de Energía abordó los «Contratos preparatorios del sector de la energía» en una jornada presentada por su presidente, Francisco García Gómez de Mercado. Se analizaron los instrumentos clave para el desarrollo de proyectos y acceso a redes: el Development Services Agreement (Óscar Murillo Sanz), el Shareholders Agreement (Ramón Ruiz de la Torre), los Contratos Técnicos de Acceso y trámites con REE (Ana Cremades Leguina) y los Contratos de Acceso y Conexión para Gas (Pedro de Navasqüés Dacal).
- La Sección de Arbitraje y Sección de Propiedad Intelectual celebraron la jornada «España, puerta de entrada a la resolución internacional de controversias en propiedad intelectual», inaugurada por la diputada Mabel Klimt. En ella se presentó el Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) del Tribunal Unificado de Patentes, analizando el uso de la mediación y el arbitraje frente a la vía judicial en licencias, transferencia tecnológica e inteligencia artificial.
Además, la Sección de Derecho Administrativo ha organizado el I Congreso sobre Contratación Pública del ICAM, centrado en la reforma europea y los principales retos jurídicos del sector. Inaugurado por el decano Eugenio Ribón, el presidente de la Sección, Alberto Dorrego, y la magistrada del Tribunal Supremo Pilar Cancer, el encuentro ha abordado las novedades jurisprudenciales, los recursos contractuales y las propuestas para la futura regulación comunitaria, reivindicando la participación de la abogacía en su elaboración.
