- • El Colegio de la Abogacía de Madrid inaugura su I Congreso sobre Contratación Pública, que reúne durante dos jornadas a especialistas para analizar la reforma europea y los principales retos jurídicos del sector.
- • El decano Eugenio Ribón anima a los profesionales a participar en la elaboración de la nueva normativa comunitaria: “No podemos conformarnos con estudiar las normas cuando ya están aprobadas”.
- • Alberto Dorrego destaca el profundo cambio que plantea el futuro reglamento europeo, mientras que la magistrada del Supremo Pilar Cancer advierte de la necesidad de preservar los controles frente a la corrupción.
Con el Salón de Actos completo y tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado este jueves su I Congreso sobre Contratación Pública, que reúne durante dos jornadas a especialistas de despachos, administraciones públicas, empresas y órganos de control para analizar los principales retos jurídicos del sector.
Organizado por la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, el encuentro tiene como principal eje de debate la reforma impulsada por la Comisión Europea, que plantea sustituir las tres directivas actualmente vigentes por un único reglamento sobre contratos públicos y concesiones. Un cambio normativo de gran alcance que, de prosperar, podría transformar las reglas de contratación en España y la práctica de los profesionales especializados.
La inauguración ha contado con la participación del decano del ICAM, Eugenio Ribón; el presidente de la Sección de Derecho Administrativo, Alberto Dorrego de Carlos; y la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Cancer Minchot.
Durante su intervención, Ribón ha destacado la trascendencia de la reforma europea y ha defendido la necesidad de que la abogacía participe activamente en su elaboración, trasladando al legislador las dificultades que encuentra en la práctica profesional y las soluciones que considera necesarias.
“No podemos conformarnos con estudiar las normas cuando ya están aprobadas. La abogacía debe participar también en el debate sobre cómo deben ser esas normas”, ha afirmado el decano, que ha animado a los participantes a aprovechar el Congreso para formular propuestas de mejora legislativa.
Ribón ha recordado también la dimensión económica y social de la contratación pública, que representa aproximadamente el 15 % del PIB de la Unión Europea y tiene un impacto directo sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras. “La contratación pública es una de las formas más directas en las que las decisiones de las administraciones se convierten en servicios para los ciudadanos”, ha subrayado.
El decano ha puesto asimismo en valor la evolución del encuentro, que nació en 2025 como unas jornadas especializadas y este año amplía su formato hasta convertirse en un Congreso de dos días. En este sentido, ha destacado el trabajo de la Sección de Derecho Administrativo y de su presidente, Alberto Dorrego, y ha reiterado el compromiso del ICAM de recoger las propuestas de los profesionales y trasladarlas a los ámbitos de decisión legislativa.
Un cambio profundo en las reglas de contratación pública
Por su parte, Alberto Dorrego ha profundizado en las implicaciones jurídicas del proyecto europeo, que, a su juicio, supondrá un “giro copernicano en el entendimiento de la contratación pública” y en la forma de trabajar de los profesionales del sector.
El presidente de la Sección de Derecho Administrativo ha explicado que una de las principales novedades reside en la propia naturaleza de la norma. La sustitución de las directivas por un reglamento directamente aplicable permitiría reducir las disparidades entre las legislaciones nacionales y avanzar hacia un marco más uniforme para los contratos públicos y las concesiones.
Además, ha destacado que la propuesta europea amplía su atención a la fase de ejecución contractual, tradicionalmente menos desarrollada en la normativa comunitaria, e integra en un mismo texto la regulación de los contratos públicos y las concesiones.
Dorrego también ha valorado la orientación económica de la reforma, que, según ha explicado, pretende simplificar los procedimientos, facilitar la negociación entre administraciones y operadores privados y situar “el concepto de valor por encima del precio” en las decisiones de contratación pública.
A ello se añade la denominada preferencia europea, mediante la que se busca introducir criterios de reciprocidad en la participación de empresas de terceros países en las licitaciones públicas.
La calidad de las ofertas y el control de la corrupción
Precisamente sobre este cambio en los criterios de adjudicación ha llamado la atención Pilar Cancer, que ha compartido la necesidad de avanzar hacia una contratación pública más orientada a la calidad, pero ha advertido de las dificultades que puede plantear desde la perspectiva del control de la legalidad.
La magistrada del Tribunal Supremo ha señalado que los criterios basados fundamentalmente en el precio ofrecen mayor facilidad de control objetivo, mientras que los elementos de valoración subjetiva pueden incrementar los riesgos de irregularidades, especialmente durante la elaboración de los pliegos y la evaluación de las ofertas.
En este sentido, ha defendido que la búsqueda de una contratación más eficiente y adecuada al interés público debe acompañarse de garantías suficientes para prevenir prácticas irregulares.
“No podemos tampoco olvidar esa necesidad de mantener esa tensión con el control de las corruptelas en la contratación pública”, ha señalado.
Cancer también ha destacado la importancia de avanzar hacia una interpretación uniforme del Derecho europeo y de desarrollar fórmulas de colaboración público-privada, aunque ha insistido en que los cambios normativos deben preservar las garantías jurídicas que sustentan el sistema de contratación.
La abogacía, protagonista de la reforma y de la jurisprudencia
Las tres intervenciones han coincidido en destacar la importancia de la abogacía en la evolución del Derecho de la contratación pública, tanto en la elaboración de nuevas normas como en su interpretación y aplicación.
En este ámbito, Cancer ha reivindicado especialmente el papel de los abogados en la formación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, a través del recurso de casación y del planteamiento de cuestiones jurídicas que presentan interés casacional objetivo.
La magistrada ha explicado que la manera en que los profesionales construyen sus argumentos y formulan las cuestiones jurídicas sometidas al Tribunal resulta determinante para la interpretación del ordenamiento.
Como ejemplo de la relevancia práctica de esta jurisprudencia, ha repasado algunas de las cuestiones abordadas recientemente por el Supremo, entre ellas los intereses de demora, las diferencias entre desistimiento y renuncia en los procedimientos de contratación, las prestaciones realizadas al margen de los contratos y las exigencias de justificación de los encargos a medios propios de las administraciones.
Por su parte, Dorrego ha planteado que el Congreso sirva también para elaborar aportaciones concretas al proceso legislativo europeo. Entre las cuestiones que considera prioritarias figura la regulación de la contratación de servicios jurídicos por las administraciones públicas, ante la creciente demanda de asesoramiento externo por parte de las entidades del sector público.
El presidente de la Sección ha defendido asimismo la necesidad de avanzar hacia una contratación más transparente, competitiva y sencilla, con menores costes para las empresas y mecanismos de control jurídico más eficientes.
Dos jornadas para analizar los retos de la contratación pública
El Congreso, que da continuidad a las Jornadas sobre Contratación Pública celebradas por el ICAM en 2025, dedica su primera jornada al análisis de la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales y de las principales novedades jurisprudenciales españolas y europeas.
El programa aborda también la efectividad del recurso especial, las prohibiciones de contratar, las medidas de autocorrección empresarial y las posibilidades que ofrecen el arbitraje y la mediación para resolver controversias en los contratos públicos.
La segunda jornada, que se celebrará mañana viernes, estará centrada en el proyecto de reglamento europeo, con sesiones sobre los nuevos procedimientos de adjudicación, la preferencia europea y el régimen de las concesiones y la colaboración público-privada.
El encuentro concluirá con una reflexión sobre la posición de la abogacía ante la futura regulación comunitaria, con el objetivo de trasladar al debate legislativo europeo la experiencia y las propuestas de los profesionales especializados.