La Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró el pasado 27 de mayo la jornada “Líneas de Avales ICO y financiación ordinaria: coordinación y gestión práctica”, un encuentro centrado en el análisis jurídico y operativo de unas líneas de financiación que continúan generando cuestiones de especial relevancia para entidades financieras, organismos públicos, empresas y profesionales de la abogacía.
La sesión fue inaugurada y moderada por José Ramón Couso, Diputado 2º de la Junta de Gobierno y presidente de la Sección de Derecho Bancario del ICAM, quien destacó la actualidad de la materia y el carácter eminentemente práctico de la jornada. “La financiación ICO o las líneas con los avales que gestiona ICO es algo que ha dado lugar a muchas cuestiones, a mucha literatura y también a cuestiones entre las entidades financieras y los clientes”, señaló al inicio del encuentro.
Couso subrayó que el objetivo de la sesión era abordar aspectos que van más allá de la reestructuración, atendiendo a la evolución que han experimentado estas operaciones en los últimos años.
Asimismo, puso en valor la participación de especialistas procedentes de las principales entidades implicadas en su gestión diaria: Paula Novo, secretaria del Consejo y directora de Asesoría Jurídica del ICO; María Victoria Andrés, directora de Asesoría Jurídica Negocio Empresa en CaixaBank; Damián Flores, subdirector del Área Legal y Servicios Generales en COFIDES; Ana Guerrero, directora de Asesoría Jurídica de Banca Comercial y Privada en Banco Santander España; y Juan José Asegurado, responsable de Servicios Jurídicos de Financiación Bancaria y Residencial y responsable de Empresas en BBVA.
ICO: una experiencia de éxito y un modelo con recorrido
La primera intervención correspondió a Paula Novo, quien ofreció la perspectiva del Instituto de Crédito Oficial sobre el funcionamiento de las líneas de avales y los aprendizajes extraídos desde su puesta en marcha. Novo calificó estas líneas como “una línea exitosa en cuanto a lo que se esperaba de ellas y lo que ha ocurrido”, al recordar que permitieron sostener el tejido productivo español mediante más de un millón de operaciones y alrededor de 120.000 millones de euros movilizados.
La representante del ICO destacó especialmente que la morosidad registrada ha resultado muy inferior a las previsiones iniciales, gracias, entre otros factores, a la colaboración con las entidades financieras y a la posibilidad de articular extensiones y refinanciaciones dentro del marco legal. De cara al futuro, defendió que el camino debe pasar por continuar compartiendo riesgos con el sector financiero: “Vamos a seguir ahondando en este camino de otorgar garantías a operaciones que pueda realizar la banca, porque además tenemos más capilaridad y podemos impactar más en todo el tejido productivo y empresarial español”.
Durante el debate posterior, Novo explicó que el ICO está avanzando en automatización y conexión con registros públicos para simplificar la gestión de futuras líneas. “Tenemos la capacidad de conectarnos con todos los registros públicos, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social”, afirmó, señalando que estos desarrollos permitirán agilizar los procesos y reforzar la trazabilidad de las operaciones.
La carga documental y la elegibilidad, principales retos para las entidades
Desde la perspectiva de CaixaBank, María Victoria Andrés coincidió en la valoración positiva de las líneas, aunque centró su intervención en las dificultades operativas que han acompañado su ejecución. En particular, señaló los problemas derivados de la acreditación de los requisitos de elegibilidad: “El aval y el mantenimiento del aval dependen de que se cumplan los requisitos de elegibilidad”, indicó.
Andrés explicó que las entidades han debido recabar, custodiar y verificar una extensa documentación, en ocasiones en contextos especialmente complejos como la pandemia o la DANA. A ello añadió la dificultad de determinar el concepto de empresa aplicable, que no se limita al beneficiario directo de la financiación, sino que puede extenderse al conjunto del grupo conforme a la normativa europea.
En su intervención final, reclamó mayor simplificación administrativa, criterios homogéneos y más flexibilidad para adaptar las operaciones a la evolución real de las compañías. “Las operaciones son muy dinámicas”, afirmó, antes de resumir la posición de las entidades: “Nuestra posición es tratar de que el cliente no muera”.
COFIDES y la financiación donde el mercado no alcanza
Damián Flores, subdirector del Área Legal y Servicios Generales de COFIDES, expuso la función complementaria que desempeña esta entidad pública en operaciones de financiación. Frente al modelo de avales gestionado por ICO, explicó que COFIDES participa mediante financiación directa en proyectos que, por sus características, pueden quedar fuera del alcance ordinario del mercado.
“Podríamos decir que lo que está haciendo COFIDES es compartir esfuerzos”, señaló Flores, quien detalló que la entidad interviene en operaciones en las que resulta necesario un inversor ancla, existe un componente tecnológico relevante o se pretende atraer a otros financiadores mediante el efecto multiplicador de la participación pública. “COFIDES como financiador está financiando operaciones a las que el mercado no llega”, añadió.
En el intercambio de opiniones sobre reestructuraciones, Flores defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre todos los actores implicados —deudores, accionistas, entidades financieras y operadores públicos— y recordó que la participación de COFIDES en algunas operaciones ha permitido apoyar la continuidad de compañías en dificultades.
Santander: del modelo tradicional al cambio de paradigma provocado por la COVID-19
Por su parte, Ana Guerrero, directora de Asesoría Jurídica de Banca Comercial y Privada en Banco Santander España, repasó la evolución de la relación entre las entidades financieras y el ICO, desde las líneas tradicionales de mediación hasta las líneas extraordinarias articuladas durante la pandemia.
“El cambio de paradigma en lo que es el ICO en la relación con las entidades se traduce con el COVID”, señaló Guerrero, quien puso en valor el intenso trabajo de coordinación realizado en aquel momento para responder con rapidez a las necesidades de financiación de las empresas.
La representante de Banco Santander destacó que, pese a los avances introducidos en las sucesivas líneas, las entidades continúan afrontando procesos muy manuales y exigentes desde el punto de vista documental. En este sentido, defendió avanzar hacia un modelo en el que la elegibilidad del cliente pueda verificarse de forma centralizada: “Pediríamos un modelo full delegation donde se da o no la elegibilidad del cliente y chequeas contra esa elegibilidad que ya está dada”.
BBVA: flexibilidad para facilitar la supervivencia de las empresas
Juan José Asegurado, responsable de Servicios Jurídicos de Financiación Bancaria y Residencial y responsable de Empresas en BBVA, centró buena parte de su intervención en los efectos que las operaciones avaladas producen en los procesos de refinanciación y reestructuración.
Asegurado recordó la extraordinaria rapidez con la que tuvieron que ponerse en funcionamiento las líneas durante la pandemia: “Montamos el avión mientras despegaba; mientras volaba terminamos de montarlo”. A su juicio, aunque la respuesta fue imprescindible y permitió movilizar un volumen extraordinario de financiación, la experiencia acumulada debe servir ahora para mejorar el marco aplicable.
En concreto, señaló que la presencia del aval puede limitar determinadas soluciones habituales en una reestructuración, como la modificación de garantías, la transformación de deuda o la articulación de quitas. “El aval es único. Entonces, me limita brutalmente qué puedo y qué no puedo hacer”, afirmó. En este contexto, sostuvo que, cuando una operación atraviesa dificultades, las entidades necesitan mayor margen para alcanzar acuerdos que favorezcan la continuidad del deudor: “Si me preguntaran qué prefieres, negociar sin el aval o con el aval, prefiero negociar sin el aval”.
Un debate sobre coordinación, recuperación y nuevas líneas
La jornada dio lugar a un intenso debate sobre el tratamiento del crédito público, el papel del ICO y de COFIDES en las reestructuraciones, la intervención de la Agencia Tributaria en determinadas autorizaciones y la necesidad de adaptar el marco jurídico a situaciones en las que la continuidad de la empresa puede depender de una mayor flexibilidad negociadora.
Los ponentes coincidieron en reconocer el valor de las líneas desplegadas durante la pandemia y en destacar el esfuerzo realizado tanto por el sector público como por las entidades financieras para canalizar financiación en un momento excepcional. Al mismo tiempo, plantearon propuestas de mejora para futuras líneas: reducción de cargas documentales, automatización de comprobaciones, homogeneización de criterios, mayor coordinación institucional y mecanismos que faciliten la reestructuración de compañías viables.
En la clausura, José Ramón Couso agradeció la participación de los ponentes y destacó la utilidad de una sesión que permitió contrastar posiciones y formular propuestas concretas desde la experiencia práctica. “Creo que hay camino para recorrer, pero hay mucho hecho también. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo”, afirmó, antes de poner en valor la actuación de los empleados públicos y de las entidades financieras durante los momentos más difíciles de la pandemia.