La Sección de Medio Ambiente y Clima del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada “La protección del medio ambiente y su deriva hacia el Derecho penal”, un encuentro dedicado a analizar la creciente relevancia de los ilícitos ambientales en el ámbito penal y los desafíos que plantea la delimitación entre la responsabilidad administrativa y la penal.
La sesión, celebrada en la sede del ICAM, reunió a especialistas del ámbito jurídico, institucional y académico para abordar el impacto de la Directiva (UE) 2024/1203, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, cuyo plazo máximo de transposición en España vence el 21 de mayo de 2026.
La jornada se abrió con la intervención de José Manuel Marraco, abogado y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM, quien enmarcó el debate en un contexto de progresiva criminalización de las agresiones al medio ambiente y de creciente exigencia normativa en esta materia.
Uno de los momentos destacados de la sesión fue el homenaje a Antonio Vercher, primer fiscal en España especializado en delitos contra el medio ambiente, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución decisiva al desarrollo de la protección penal ambiental en nuestro país.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Covadonga del Pozo, abogada y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM, en la que participaron Flora Pérez Almoguera, subdirectora general de Política Legislativa del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Guillermina Yanguas, magistrada especialista de lo Contencioso-Administrativo, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE; y Carlos Saiz, fiscal excedente y socio de GA-P.
Durante el debate, los ponentes analizaron las principales implicaciones de la transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español, así como los criterios que esta norma ofrece para contribuir a diferenciar las infracciones administrativas de aquellas conductas que pueden alcanzar relevancia penal.
Entre las principales conclusiones de la jornada se puso de manifiesto que una de las mayores dificultades prácticas, tanto para la judicatura como para la abogacía, reside precisamente en trazar esa fina línea entre la infracción administrativa y la infracción penal en materia medioambiental. Aunque la Directiva (UE) 2024/1203 introduce algunos elementos que pueden facilitar esta distinción, los participantes coincidieron en que no ofrece una solución completa a un problema especialmente complejo.
Asimismo, la sesión subrayó la necesidad de reforzar la formación de los operadores jurídicos, especialmente de la judicatura, en materia ambiental, dada la elevada complejidad técnica y normativa de estos asuntos y su creciente presencia en los tribunales.
La clausura corrió a cargo de Ismael Aznar, abogado y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM, quien cerró una jornada orientada a promover un debate riguroso sobre la protección efectiva del medio ambiente desde el Derecho penal, garantizando al mismo tiempo una aplicación proporcionada y ajustada a los principios del Estado de Derecho.
