El Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado los días 22 y 23 de octubre el III Encuentro Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, dos jornadas dedicadas a analizar los retos que están transformando el trabajo de las asesorías jurídicas y su participación en las decisiones empresariales. Organizado por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l’Advocacia d’Empresa del ICAB, el encuentro combina debates, experiencias profesionales y actividades prácticas sobre tecnología, influencia interna, gobierno corporativo, talento, geopolítica y colaboración con despachos externos.
La inauguración contó con el decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada Ana Buitrago, y el director legal de CEOE, José María Campos. Sus intervenciones situaron el criterio jurídico, la independencia profesional y la anticipación de riesgos como elementos esenciales del asesoramiento empresarial. Ribón defendió la necesidad de ofrecer a la compañía la respuesta que necesita conocer; Buitrago destacó la importancia de trasladar los riesgos a quienes deciden, y Campos subrayó que la transformación tecnológica refuerza la necesidad de criterio profesional.
LegalTech: transformar antes de automatizar
La primera mesa, «El estado del arte del LegalTech en las asesorías jurídicas», estuvo moderada por Gloria Carmona, de la Comisión de Abogacía de Empresa del ICAB, y contó con Blanca Bardín, socia de NewLaw de PwC, y María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre. Las participantes coincidieron en que la incorporación de tecnología debe responder a necesidades concretas del departamento jurídico y partir de una revisión de sus procesos.
El debate abordó las posibilidades de la gestión contractual, la automatización documental, las herramientas colaborativas y la gestión del conocimiento para liberar tiempo y reforzar el asesoramiento estratégico. Frente a la compra de soluciones aisladas, las ponentes defendieron una transformación planificada, con herramientas integradas y adaptadas a la organización. La formación, la implicación de los usuarios y la colaboración con otras áreas se señalaron como condiciones para conseguir una adopción efectiva.
La sesión también puso el foco en cómo explicar el valor de estas inversiones: además del ahorro de tiempo y costes, resulta necesario hacer visible su contribución a la seguridad jurídica y al control del riesgo. La tecnología permite dedicar más recursos al análisis y la estrategia, pero exige mantener el criterio profesional y desarrollar una cultura de gestión del servicio jurídico.
Influir en las decisiones
Yolanda González Silva, CEO de Feel Legal y directora académica de InTalent Legal, protagonizó la sesión «Influir desde el asiento del copiloto», presentada por Mercedes Carmona Mariscal, copresidenta de la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM. La intervención planteó que la influencia del abogado interno se demuestra cuando su participación mejora las decisiones de la compañía y se produce antes de que existan compromisos difíciles de modificar.
González Silva explicó que esa capacidad va más allá de la comunicación o la persuasión: requiere comprender el negocio, conocer el papel que la organización atribuye a la función jurídica y construir relaciones de confianza. También implica aportar un criterio independiente, incluso cuando resulte incómodo, y distinguir entre la responsabilidad de asesorar y la de adoptar la decisión empresarial.
A través de ejemplos y del intercambio con los asistentes, la sesión invitó a revisar tanto el lenguaje como la posición desde la que se aborda la relación con otras áreas. La propuesta fue trabajar junto al negocio en la construcción de alternativas, con recomendaciones comprensibles y útiles que permitan avanzar dentro del marco jurídico.
Gobierno corporativo: del cumplimiento a la gestión del riesgo
La mesa sobre gobierno corporativo y sostenibilidad, moderada por Iván Hernández, de la Comisión de Abogacía de Empresa del ICAB, contó con Coro Fernández-Rañada, consejera del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas; José Ramón Couso, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y socio de Ceca Magán Abogados; Javier Cuairán, socio del Área de Penal y Compliance de Fieldfisher, y Senén Ferreiro Páramo, presidente ejecutivo y fundador de Valora Consultores. El debate situó la función jurídica como un elemento esencial para conectar la estrategia empresarial con la sostenibilidad, la prevención de riesgos y la responsabilidad de los órganos de administración.
Fernández-Rañada explicó que la simplificación de las obligaciones europeas de sostenibilidad no elimina la necesidad de gestionar sus implicaciones financieras, reputacionales y jurídicas, y defendió una visión que supere el mero reporte de información. Couso reivindicó el gobierno corporativo como una palanca para fortalecer el negocio y destacó que el abogado interno debe intervenir desde el inicio de los proyectos, colaborar con los órganos de administración y ofrecer alternativas dentro del marco legal. También subrayó la importancia de que los asesores externos conozcan y respeten la cultura de cumplimiento de la compañía.
Cuairán advirtió de que una reducción de las obligaciones de información no equivale a una menor responsabilidad y abordó la prevención de riesgos penales vinculados al medioambiente, la corrupción y las sanciones internacionales, junto con la protección de los informantes. Ferreiro puso el acento en trasladar estos principios a la práctica mediante responsabilidades claramente distribuidas, mapas de riesgos adaptados al negocio y evidencias de que los controles funcionan. La conversación destacó así la necesidad de integrar gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento en un modelo que permita tomar decisiones empresariales con mayores garantías.
Nuevas rutas para el talento jurídico
La mesa «(Nuevas) rutas para el crecimiento profesional in-house», moderada por Joaquim Mustaros, presidente de la Comisión de Abogacía de Empresa del ICAB, dio voz a cuatro profesionales en distintas etapas de su trayectoria: Núria Colomé, de Liga F; María Redondo, de Siemens Mobility; Rocío Pellejero, de CaixaBank, y Allison Villanueva, de Secuoya Studios. Sus experiencias permitieron contrastar las expectativas de quienes comienzan con las de quienes ya cuentan con un recorrido más amplio dentro de las organizaciones.
El debate exploró diferentes vías de desarrollo: el ascenso hacia puestos de dirección jurídica, la especialización, la incorporación de nuevas responsabilidades y el paso a funciones de negocio. Las participantes destacaron que crecer profesionalmente también significa acceder a proyectos, ampliar conocimientos y asumir responsabilidades, sin que necesariamente exista un cambio inmediato de categoría.
La cercanía al negocio y el conocimiento del sector aparecieron como factores decisivos para desarrollar la carrera. Las intervenciones también abordaron la necesidad de combinar una base jurídica sólida con competencias transversales, comunicación y formación tecnológica, así como la aparición de nuevos perfiles vinculados a la inteligencia artificial y a la gestión de la función legal.
Un reto para llevar la IA a la práctica
La primera jornada incluyó el reto «Legal Minority Report», una actividad por equipos con apoyo tecnológico de vLex que trasladó el debate sobre inteligencia artificial a un ejercicio práctico. Los asistentes trabajaron con Vincent AI en la creación de instrucciones reutilizables —skills— para aplicar el conocimiento y los criterios internos de una empresa a tareas jurídicas concretas.
La demostración mostró, entre otros ejemplos, cómo configurar una revisión de contratos de proveedores conforme a una guía interna. Los equipos debían definir la finalidad de su propuesta, estructurar su funcionamiento y preparar una presentación. La valoración contemplaba la creatividad, la claridad del proceso, la utilidad y la posibilidad de extender la solución a otros supuestos.
Tras las sesiones y el reto, los participantes compartieron una cena de gala, durante la que la diputada del ICAM Ana Buitrago y la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, realizaron un brindis. La velada ofreció un espacio para continuar el intercambio entre profesionales de ambos colegios.
Geopolítica: anticipar y ofrecer alternativas
La segunda jornada comenzó con la mesa sobre el impacto del escenario geopolítico en la empresa, moderada por Ana Buitrago. Participaron el general de brigada Víctor Mario Bados Nieto, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos; Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano; Manuel García Cobaleda, director de los servicios jurídicos y secretario del Consejo de Administración de Naturgy, y Alicia Muñoz Lombardía, vicesecretaria del Consejo de Santander España y directora de Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Gobierno y Regulación.
Bados analizó las amenazas híbridas, los ciberataques, la desinformación y la vulnerabilidad de las infraestructuras y las rutas comerciales. García Encina distinguió entre episodios coyunturales y transformaciones estructurales del orden internacional, como la competencia entre Estados Unidos y China, el uso del comercio como instrumento de seguridad y la evolución de las relaciones transatlánticas. Desde la perspectiva energética, García Cobaleda abordó la seguridad de suministro, la diversificación y la exposición de las empresas a las tensiones internacionales.
Muñoz Lombardía explicó la respuesta de la asesoría jurídica a partir de tres tareas: observar y anticipar, diagnosticar el impacto sobre la entidad y sus clientes, y ofrecer soluciones. La conversación destacó la importancia de trabajar con distintos escenarios, coordinar áreas y aportar alternativas jurídicas desde el inicio de la gestión de una crisis.
De proveedores a socios estratégicos
La mesa «De proveedores a partners», moderada por Eugenia Navarro, socia de LOIS, reunió a Llanos Manzanares, directora jurídica de Astara, y Carolina Pérez Polo, responsable de Gestión y Control de la asesoría jurídica de CaixaBank. El diálogo examinó cómo la gestión de proveedores jurídicos puede contribuir al control del riesgo, la eficiencia y la construcción de relaciones estables con los asesores externos.
Las participantes explicaron que externalizar un servicio exige valorar también la seguridad de la información, el acceso a sistemas, la continuidad de la actividad y los controles sobre el proveedor. Por ello, defendieron comenzar con un diagnóstico de las necesidades, los recursos internos y el trabajo contratado, para después definir criterios de selección, seguimiento e indicadores. El equilibrio entre calidad y precio y la coordinación con la estrategia empresarial se situaron en el centro de este análisis.
La inteligencia artificial añadió una nueva dimensión al debate sobre qué tareas asumir internamente y cuáles encargar fuera. Las ponentes señalaron que la combinación de equipos propios, asesores externos y tecnología exige revisar los modelos de colaboración y su aportación de valor. También advirtieron de que los resultados requieren planificación y tiempo: las herramientas deben apoyar un modelo de gestión previamente definido y las expectativas de ahorro deben ajustarse al proceso real de implantación.
IA: nuevos perfiles, criterio y gobernanza
La mesa «Revolución en las asesorías jurídicas por la IA», moderada por Elia Esteban García-Aboal, copresidenta de la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM, reunió a Pablo Blanco, director general de Asuntos Legales y secretario del Consejo de Repsol; Santiago Martínez Garrido, secretario general y del Consejo de Iberdrola; Miguel Romera Marroquín, director de Asesoría Jurídica Corporativa, Compliance y Riesgos de Vodafone; Ainhoa Madrazo, directora de la Asesoría Jurídica de ISDIN; José Luis Barceló, secretario general y director de la Asesoría Jurídica de ILUNION, y Sara Molina, presidenta de la Sección de Innovación y Abogacía del ICAM. Sus intervenciones mostraron cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos, las competencias profesionales y la relación con el negocio y los despachos externos.
Blanco destacó la evolución hacia perfiles que combinan conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas, así como la importancia de aprender a dirigir las herramientas y revisar sus resultados. Martínez Garrido situó el criterio humano y la gobernanza en el centro de esta transformación y apuntó a una contratación de servicios jurídicos más vinculada al resultado y al valor aportado. Romera explicó la necesidad de justificar los proyectos con indicadores de negocio, mientras que Madrazo distinguió tres ámbitos de cambio: la propia asesoría, la gobernanza de la compañía y el impacto de la IA sobre su actividad empresarial.
Barceló compartió la experiencia de ILUNION con asistentes especializados y su modelo de abogado estratégico, tecnológico y ético, mientras que Molina abordó la transformación de los servicios de los despachos y la necesidad de trasladar las eficiencias al cliente. El debate también examinó la confidencialidad, la ciberseguridad, la supervisión humana y la formación práctica. Los participantes coincidieron en que incorporar licencias resulta insuficiente: aprovechar la IA exige revisar la forma de trabajar, desarrollar nuevas capacidades y preservar la responsabilidad profesional sobre el asesoramiento.