La segunda jornada del Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM reunió hoy a expertos, magistrados y juristas para debatir sobre los desafíos actuales del Derecho de Familia. Los temas centrales incluyeron la sustracción internacional de menores en contextos de violencia de género, los efectos sucesorios del divorcio y la revisión del régimen de gananciales. Los ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el interés superior del menor y ofrecer un marco normativo claro que evite conflictos y desigualdades.
Durante las mesas redondas, se destacó la importancia de conjugar la tradición jurídica con soluciones más adaptadas a la realidad social actual. Desde la interpretación del Convenio de La Haya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta las prácticas notariales en testamentos y la elección de regímenes económicos matrimoniales, los expertos subrayaron la necesidad de decisiones judiciales motivadas, criterios claros y reformas que promuevan la igualdad efectiva entre cónyuges, la transparencia en la liquidación de bienes y la protección de los derechos patrimoniales y familiares.
El equilibrio entre el Convenio de La Haya y la protección frente a la violencia de género
La sexta mesa redonda del Congreso, moderada por Cruz Sánchez de Lara, abordó una de las cuestiones más complejas del derecho internacional de familia: la sustracción internacional de menores en contextos de violencia de género y la interpretación del Convenio de La Haya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Participaron como ponentes María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho y jueza del TEDH, y Emelina Santana, magistrada y miembro de la Red Judicial Española (REJUE) del Consejo General del Poder Judicial.
María Elósegui ofreció una ponencia en la que analizó la evolución de la jurisprudencia del TEDH sobre la materia, destacando la creciente sensibilidad del Tribunal hacia los casos en los que la madre alega violencia de género para oponerse a la restitución del menor. Subrayó que el TEDH no actúa como tribunal de apelación, sino que revisa si las decisiones nacionales están debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas sólidas. Insistió en que el análisis de los riesgos debe realizarse caso por caso, evitando automatismos y equilibrando el cumplimiento del Convenio de La Haya con la protección efectiva de los derechos del menor y de la madre.
Por su parte, Emelina Santana profundizó en la necesidad de que los tribunales nacionales valoren cuidadosamente las alegaciones de violencia, utilizando criterios probatorios firmes y sin dejarse influir por visiones políticas o estereotipos. Advirtió que el uso estratégico de alegaciones infundadas puede perjudicar tanto al menor como a la credibilidad del sistema judicial. Ambas ponentes coincidieron en que la jurisprudencia del TEDH refuerza la obligación de motivar las decisiones judiciales y de aplicar una justicia prudente, equilibrada y basada en evidencias, con el interés superior del menor como eje central.
La validez del testamento tras el divorcio, una fuente de inseguridad jurídica
La séptima mesa redonda del Congreso, moderada por el abogado de familia Alejandro Sánchez Prieto, abordó uno de los temas más sensibles y técnicos del Derecho de Familia: las implicaciones sucesorias del divorcio. Contó con las intervenciones del notario José Ordóñez Cuadros y de la abogada de familia Cristina Fernández, miembro del Comité Asesor de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM. Ambos analizaron la validez de los testamentos tras una ruptura matrimonial, así como el tratamiento jurídico de los legados, fideicomisos y figuras afines.
José Ordóñez explicó que, en el Derecho común español, el testamento no se revoca automáticamente tras un divorcio, por lo que las disposiciones en favor del excónyuge siguen siendo válidas salvo declaración judicial de ineficacia. Recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente las sentencias 531/2018 y 539/2018, considera que cuando desaparece la causa esencial de la disposición —como la condición de cónyuge heredero—, esta puede perder eficacia. También destacó la reciente doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que en 2025 reiteró la necesidad de una resolución judicial para anular tales cláusulas, y planteó posibles reformas legislativas que refuercen la seguridad jurídica y la protección patrimonial.
Por su parte, Cristina Fernández subrayó la desigualdad normativa existente entre el derecho común y los regímenes forales, donde en algunos casos sí se prevé la anulación automática de las disposiciones testamentarias tras el divorcio. Destacó la importancia de la planificación sucesoria y de incluir previsiones expresas en los testamentos para evitar conflictos futuros, especialmente en parejas de hecho. Ambas ponencias coincidieron en que la falta de una regulación uniforme genera inseguridad y en la necesidad de avanzar hacia una reforma que clarifique los efectos sucesorios de la ruptura matrimonial.
Revisión del régimen de gananciales
La octava mesa del Congreso, moderada por la letrada de la Administración de Justicia Ángeles Leticia Morales Moreno, contó con las intervenciones del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Ángel Luis Campo Izquierdo, la abogada Patricia Abad, socia fundadora y directora de Hemina Abogados, y la abogada de familia Cristina Díaz-Malnero, con ejercicio en Madrid y Barcelona. Todos ellos ofrecieron una reflexión conjunta sobre la vigencia y posible reforma del régimen de sociedad de gananciales, abordando tanto su dimensión jurídica como su impacto social y fiscal en los procesos matrimoniales.
A lo largo del debate se analizó si el régimen de gananciales debe seguir siendo el sistema supletorio en el Derecho común o si convendría sustituirlo por modelos más acordes con la igualdad efectiva entre los cónyuges, como el régimen de participación. Los ponentes coincidieron en subrayar la necesidad de que los futuros matrimonios cuenten con una información clara y asesorada sobre los diferentes regímenes económicos, de modo que puedan elegir conscientemente el que mejor se adapte a su realidad personal y patrimonial.
Asimismo, se planteó la conveniencia de una reforma legislativa que refuerce la seguridad jurídica y simplifique la liquidación de bienes comunes, especialmente en casos de separación o divorcio. Los expertos destacaron que el actual sistema requiere una actualización que refleje la evolución social y económica de las familias, promoviendo mayor transparencia, equidad y equilibrio en la administración y reparto del patrimonio matrimonial.