El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) analizó este jueves el impacto jurídico de la inteligencia artificial, la biometría y los precios dinámicos en el turismo, un sector clave que está redefiniendo sus reglas a partir del uso masivo de datos y sistemas automatizados.
La jornada “Algoritmos, biometría y precios dinámicos: el nuevo derecho del turismo digital”, organizada por la Sección TIC y la Sección de Derecho del Turismo, puso el foco en un desafío central: cómo garantizar seguridad jurídica en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.
A lo largo de tres mesas redondas, expertos del ámbito jurídico, institucional y empresarial abordaron cuestiones críticas como la opacidad algorítmica, la hiperpersonalización de precios o el uso de datos biométricos, configurando una visión integral de los riesgos y oportunidades del nuevo ecosistema digital del turismo.
Una llamada a anticipar los retos del turismo digital
La jornada fue inaugurada por Ana Buitrago, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, quien destacó la magnitud del cambio que atraviesa el sector turístico. “Los algoritmos que determinan precios, el uso de datos personales o la biometría están redefiniendo la manera en que viajamos y también los retos jurídicos que debemos afrontar”, señaló.
Buitrago subrayó el papel de la abogacía como actor clave en este proceso: “Nuestro trabajo no es solo interpretar las normas, sino también anticipar los nuevos escenarios y contribuir a que la innovación avance con seguridad jurídica”.
En este contexto, el ICAM ya ha dado pasos firmes para posicionarse en este ámbito, impulsando iniciativas orientadas a reforzar la protección del consumidor en el entorno digital. Entre ellas, destaca la propuesta de creación de un Registro Estatal de Algoritmos con impacto en las relaciones de consumo, concebido como una herramienta para garantizar la transparencia, el control y la responsabilidad de los sistemas automatizados.
IA, datos y turismo: visión institucional sobre los riesgos regulatorios
La primera mesa redonda contó con la intervención de David Villaverde, Abogado del Estado en la Secretaría de Estado de Turismo, y Alberto Quintana Daimiel, Abogado del Estado y jefe en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), quienes ofrecieron una visión institucional sobre los principales retos jurídicos del turismo digital.
Villaverde situó el debate en un contexto global, destacando que la regulación de la inteligencia artificial se está configurando de forma distinta en Estados Unidos, China y Europa, aunque todos comparten un mismo reto: equilibrar innovación y protección de derechos fundamentales. En relación con el modelo europeo, explicó que el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial se basa en un enfoque de gestión de riesgos y recordó que contempla categorías de IA prohibida y de alto riesgo, además de importantes exclusiones. Asimismo, subrayó la relevancia de los mecanismos de gobernanza y supervisión, destacando el papel del Comité Europeo de Inteligencia Artificial y de las autoridades nacionales.
En clave nacional, puso el foco en la complejidad del sistema institucional español, con múltiples organismos implicados en la supervisión. En este sentido, advirtió de la necesidad de reforzar la coordinación y los recursos: el reto es “evitar lagunas en la supervisión” y garantizar una vigilancia efectiva en sectores especialmente sensibles como el turismo. Además, abordó uno de los puntos más críticos para esta industria: el uso de datos biométricos, señalando la incertidumbre existente en cuestiones como los plazos de conservación o su aplicación en controles fronterizos.
Por su parte, Alberto Quintana ofreció una visión complementaria centrada en la aplicación práctica del marco regulatorio en España. En su intervención, alertó de la complejidad y dinamismo del entorno normativo y defendió la necesidad de mantener el equilibrio entre regulación e innovación. “No deberíamos tomar ninguna regulación en el ámbito digital […] como un stopper”, afirmó, apostando por un enfoque que permita el desarrollo tecnológico sin comprometer los derechos fundamentales.
Quintana incidió especialmente en los desafíos de gobernanza y coordinación institucional, señalando que la distribución de competencias entre administraciones puede generar fragmentación. En este contexto, subrayó la importancia de dotar a los organismos supervisores de medios suficientes y de articular mecanismos eficaces de control. También destacó la necesidad de un marco sancionador claro para garantizar transparencia, seguridad jurídica y protección de derechos mediante procedimientos bien definidos.
Finalmente, puso en valor instrumentos como los sandbox regulatorios, que permiten probar sistemas de inteligencia artificial en entornos controlados, favoreciendo una innovación segura. En un contexto de competencia global, defendió que Europa y España deben avanzar hacia un modelo que combine competitividad y confianza, asegurando una regulación eficaz sin frenar el desarrollo tecnológico.
Datos, algoritmos y biometría en la transformación del turismo
La segunda mesa redonda contó con la intervención de Alejandro Touriño, presidente de la Sección de TIC del ICAM, y Carlos Ulecia, copresidente de la Sección de Derecho del Turismo, quienes abordaron de forma práctica la profunda transformación del sector turístico impulsada por la tecnología. “Ya no vendemos camas, nosotros lo que hacemos es explotar datos”, resumió Ulecia, evidenciando el cambio de paradigma que vive la industria.
Uno de los ejes centrales del debate fue el uso del revenue management y los precios dinámicos. Ulecia defendió su legitimidad siempre que respondan a las reglas del mercado: “El revenue management es una práctica perfectamente legítima siempre y cuando atienda a las señales de la oferta y de la demanda”. Sin embargo, advirtió del riesgo cuando el algoritmo deja de fijarse en el mercado y “empieza a mirarte a ti”, introduciendo elementos de personalización potencialmente problemáticos.
La conversación puso también el foco en la necesidad de transparencia. “La pregunta clave no es si el precio cambia, la pregunta clave es por qué cambia y cómo se comunica”, subrayó Ulecia, insistiendo en que el verdadero reto jurídico está en garantizar trazabilidad y evitar decisiones opacas que erosionen la confianza del consumidor.
En relación con el marco normativo, Touriño destacó que la regulación de la inteligencia artificial no debe interpretarse como un freno, sino como una guía: “No deberíamos tomar ninguna regulación en el ámbito digital como un stopper, sino como la capacidad de hacer un tratamiento adecuado de la información y un uso no invasivo de los derechos del sujeto”. En esta línea, ambos coincidieron en que el derecho aún se encuentra en una fase de adaptación ante fenómenos como la hiperpersonalización.
La biometría centró la parte final del debate, presentada como una tendencia inevitable pero jurídicamente exigente. “La biometría es una tendencia imparable”, afirmó Ulecia, aunque matizó que su implantación requiere “una base jurídica sólida” y el cumplimiento de principios como el privacy by design, garantizando que los datos permanezcan bajo control del usuario.
En definitiva, la mesa puso de relieve el delicado equilibrio entre innovación tecnológica, competitividad empresarial y protección de derechos, en un sector donde —como se reiteró— el dato se ha convertido en el principal activo y donde el reto jurídico pasa por acompañar, sin frenar, esta transformación.
Gobernanza y responsabilidad: los retos desde la práctica empresarial
La tercera mesa redonda, moderada por Juan Carlos Alfonso, copresidente de la Sección de Derecho del Turismo, contó con la participación de Ana Regidor, jefa de privacidad de Amadeus; Mariana García Fernández de Mesa, general counsel de Accor; y Patricia Miranda, responsable legal de Ouigo, quienes ofrecieron una visión desde la práctica empresarial sobre los desafíos jurídicos del turismo digital.
El debate puso el foco en la creciente complejidad regulatoria a la que se enfrentan las empresas del sector, especialmente en un contexto de digitalización acelerada. Los ponentes coincidieron en señalar las dificultades para aplicar marcos normativos en constante evolución, así como la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad en la actuación de las autoridades regulatorias.
Uno de los temas centrales fue la falta de coordinación entre organismos y el impacto que determinadas interpretaciones regulatorias pueden tener en la innovación. Se subrayó la importancia de avanzar hacia modelos de gobernanza más integrados, que tengan en cuenta la realidad operativa de las empresas y eviten frenar el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos como el turismo y el transporte.
Asimismo, se abordaron los retos derivados del uso intensivo de datos y de la digitalización de los modelos de negocio. Desde la perspectiva empresarial, se destacó que muchas compañías operan ya en entornos plenamente digitales, lo que sitúa la gestión de datos, la intermediación a través de plataformas y el cumplimiento normativo en el centro de su actividad.
Por último, la mesa incidió en la necesidad de definir con mayor claridad los marcos de responsabilidad en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o la biometría, así como en la importancia de mejorar los canales de diálogo entre empresas y reguladores para acompañar la innovación con garantías jurídicas suficientes.
En conjunto, la jornada evidenció que el turismo digital se encuentra en un punto de inflexión, en el que la innovación tecnológica exige marcos jurídicos más claros, coordinados y adaptados a la realidad del mercado. En este escenario, la abogacía está llamada a desempeñar un papel decisivo para acompañar la transformación del sector sin renunciar a la protección de los derechos de consumidores y empresas.