- El viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid advierte en el Congreso sobre ocupación del ICAM de que la ocupación ilegal “es un problema de Estado de derecho” y defiende que “la ley debe proteger al que cumple, no generar ventajas al que incumple”.
- El Colegio de Madrid aboga por una respuesta “equilibrada, eficaz y respetuosa con los derechos en juego” ante un fenómeno que combina problemas de seguridad jurídica, vulnerabilidad social y presión creciente sobre los tribunales y el mercado de la vivienda.
La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en “un problema de Estado de derecho” que está tensionando el mercado del alquiler, erosionando la seguridad jurídica y obligando a replantear la respuesta de las administraciones públicas, los tribunales y los operadores jurídicos ante un fenómeno cada vez más complejo y transversal. Sobre esta idea pivotó este jueves la inauguración en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) del Congreso “Problemática jurídica de la ocupación de viviendas”, un encuentro que durante dos jornadas reunirá a más de 30 especialistas del ámbito jurídico, policial, institucional y social.
Durante la apertura del Congreso, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, defendió que la ocupación ilegal de viviendas constituye “sobre todo, un problema de Estado de derecho”, al considerar que afecta directamente a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
García Gómez sostuvo que el actual marco de intervención pública en materia de vivienda ha contribuido a aumentar la inseguridad jurídica y a tensionar el mercado del alquiler, y reivindicó como alternativa políticas orientadas a incrementar la oferta residencial y reforzar la protección jurídica de propietarios e inquilinos. “Estamos en un Estado de derecho. La ley debe proteger al que cumple, no generar ventajas al que incumple”, afirmó.
El viceconsejero defendió además que las políticas públicas de vivienda deben ser “socialmente ambiciosas”, pero advirtió de que no pueden desarrollarse “a costa de erosionar la propiedad, debilitar la tutela judicial efectiva y poner en cuestión la seguridad jurídica”. En este sentido, reclamó “más vivienda, más oferta y más seguridad jurídica”, al considerar que “sin seguridad jurídica no hay inversión”, “sin inversión no hay oferta suficiente” y “sin oferta suficiente no hay acceso real a la vivienda”.
Un fenómeno “complejo” que exige una respuesta coordinada
En representación de la Junta de Gobierno del ICAM, el diputado Javier Mata reivindicó la necesidad de abordar la problemática de la ocupación desde un enfoque jurídico integral, capaz de combinar la protección de la propiedad y la seguridad jurídica con la atención a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial que subyacen en parte de estos procedimientos.
Mata recodó de que “los problemas derivados de la vivienda en sentido amplio son en este momento la primera preocupación de la sociedad”, y defendió la conveniencia de avanzar hacia soluciones “prácticas, adecuadas y responsables” construidas desde la coordinación entre legislador, administraciones públicas y operadores jurídicos.
La corporación madrileña subrayó asimismo que la ocupación plantea “desafíos complejos que exigen rigor técnico, sensibilidad social y una respuesta coordinada desde distintos ámbitos del Derecho y de los poderes públicos”, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar respuestas simplistas ante una realidad “con muchas aristas” y casuísticas profundamente distintas entre sí. En este contexto, el ICAM reivindicó el papel de la abogacía y de los distintos operadores jurídicos en la búsqueda de respuestas “equilibradas, eficaces y respetuosas con los derechos en juego”.
Por su parte, el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres, defendió la necesidad de abordar el fenómeno de la ocupación desde un análisis “estrictamente jurídico”, alejado de apriorismos ideológicos y centrado en la búsqueda de soluciones útiles para una problemática de enorme impacto social y judicial.
Torres subrayó que el Congreso ha sido concebido precisamente para analizar la ocupación desde todas sus dimensiones —civil, penal y social— prestando una “especial sensibilidad” a las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a la vivienda. En este sentido, advirtió de que “no podemos trasladar a los tribunales un problema que es social”, al considerar que buena parte de las tensiones que actualmente soportan los procedimientos judiciales derivan de la falta de respuesta previa desde el ámbito administrativo y asistencial.
El presidente de la Sección destacó asimismo la voluntad del Congreso de formular propuestas concretas de mejora normativa en materias como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Propiedad Horizontal, especialmente en relación con el impacto de la ocupación sobre las comunidades de propietarios.
Finalmente, el copresidente de la Sección de Derecho Penal del ICAM, Rubén Martín de Pablos, puso el foco en las dificultades prácticas y jurídicas que afrontan actualmente los profesionales ante este tipo de procedimientos, marcados por la complejidad creciente de los supuestos de ocupación y por los largos tiempos de respuesta judicial tanto en la vía civil como en la penal.
Martín de Pablos advirtió de que la ocupación se ha convertido en un ámbito especialmente complejo desde el punto de vista del asesoramiento jurídico, debido a las dudas sobre la estrategia procesal más adecuada en cada caso y a la convivencia de situaciones muy distintas, desde ocupaciones delictivas hasta supuestos vinculados a contextos de vulnerabilidad social. “El Derecho tiene que conjugar todo el respeto y toda la dignidad jurídica de ambas partes”, afirmó.
Por último, alertó del impacto que la lentitud de los procedimientos está teniendo sobre la seguridad jurídica y el propio mercado de la vivienda. Según explicó, en muchos casos transcurren cerca de dos años desde la interposición de una denuncia o demanda hasta la ejecución efectiva de la resolución judicial, una situación que ofrecer respuestas satisfactorias tanto a propietarios como a personas en situación de vulnerabilidad.
Un análisis multidisciplinar de la ocupación y la vivienda
A lo largo de las dos jornadas, el Congreso reunirá a magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, expertos universitarios y profesionales del ámbito social para analizar las distintas dimensiones jurídicas de la ocupación de viviendas.
El programa abordará cuestiones como el tratamiento penal y civil de la ocupación ilegal, la intervención policial en este tipo de situaciones, la denominada “inquiocupación”, el impacto sobre las comunidades de propietarios y el tratamiento jurídico de las situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el encuentro dedicará una mesa específica al análisis de las propuestas legislativas en esta materia y otra a las posibles soluciones para el acceso a la vivienda y la necesidad de avanzar hacia un pacto social que permita afrontar este fenómeno desde una perspectiva jurídica, social e institucional equilibrada.