Más de un centenar de abogados y profesionales del ámbito de la extranjería se han dado cita hoy en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para asistir al I Congreso de Extranjería, una cita de referencia que busca profundizar en los retos jurídicos, administrativos y humanos de la política migratoria actual. El encuentro, que ha completado el aforo del Colegio, consolida al ICAM como espacio de análisis y formación para los operadores jurídicos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes.
El Congreso ha sido inaugurado por Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM; Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid; y, en representación de la Policía Nacional, Daniel Gallego Villasante, comisario principal y jefe provincial, quienes han coincidido en destacar la necesidad de reforzar la colaboración institucional y la dimensión garantista del Derecho de Extranjería, en un contexto marcado por el aumento de expedientes y la presión administrativa sobre las oficinas de tramitación.
La dicotomía expulsión multa, a debate
Una de las mesas redondas que más debate ha suscitado en la primera jornada ha sido la mesa titulada “La dicotomía expulsión-multa”, donde se han analizado los procedimientos sancionadores en materia de extranjería y las distintas prácticas administrativas en la aplicación de las medidas de expulsión o multa.
La mesa fue moderada por Yeleney Bidó, presidenta de la Sección Iberoamericana del ICAM, y contó con la participación de Jaime Nicolás González, Comisario de la Brigada de Extranjería de Madrid, y Elena Espejel García, jefa del grupo del régimen sancionador de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.
En su intervención, Jaime Nicolás González ofreció una panorámica detallada de la gestión policial en materia de extranjería en Madrid, destacando la magnitud de las tareas administrativas que se desarrollan en su departamento. Entre enero y octubre de este año se han expedido 195.881 Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIEs), un volumen que refleja la intensa actividad de las comisarías madrileñas, especialmente la de Aluche, donde se tramitan gran parte de estos documentos.
El Comisario explicó la operativa de los controles de entrada en puntos clave como la Avenida de los Poblados, donde llegan a atenderse más de 2.800 personas en un solo día, y subrayó la importancia de mantener la confidencialidad de los datos en el desempeño policial. Recordó también el impacto de la pandemia en la gestión de flujos y documentación, y reivindicó la voluntad del cuerpo de colaborar con las instituciones y adaptar los procedimientos para mejorar la atención a la ciudadanía.
Por su parte, Elena Espejel García centró su exposición en el régimen sancionador y en la aplicación práctica de las multas como alternativa o medida previa a la expulsión en la Comunidad de Madrid. Con 19 años de experiencia en extranjería, destacó que la aplicación de sanciones económicas se ajusta a las directrices internas y a la doctrina del Tribunal Supremo, y explicó que la valoración de los antecedentes penales y policiales resulta determinante en la decisión final. “No es lo mismo un antecedente por un hurto menor que por varios delitos violentos”, ejemplificó, subrayando la necesidad de aplicar criterios individualizados y proporcionados.
La mesa permitió analizar, además, cuestiones transversales como los procedimientos de notificación y comunicación de resoluciones, los roles de la Delegación del Gobierno, la aplicación de la Ley de Protección Internacional, y las diferencias entre los procedimientos preferentes y ordinarios de sanción. Se abordaron también las prácticas administrativas y jurisprudenciales que generan dilaciones o indefensión en los afectados, así como los derechos de las personas extranjeras ante situaciones de desprotección o falta de asistencia letrada.
El debate sirvió para poner de relieve la complejidad jurídica y humana de los procedimientos sancionadores, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre instituciones y operadores jurídicos.
Sesión matinal: nuevo Reglamento, movilidad internacional y lucha contra la trata
La sesión matinal del Congreso se ha inaugurado con la mesa “La aplicación práctica del Real Decreto 1155/2024”, moderada por Carlos Mora Almudí, abogado experto en extranjería, y con la intervención de Paloma Pérez Cortijo, directora del Área de Trabajo e Inmigración de Madrid. Durante el debate, se ha analizado la implementación del nuevo Reglamento de Extranjería, los retos de homogeneización de criterios en las oficinas, la formación del personal y la sobrecarga de expedientes. Pérez Cortijo destacó la necesidad de aplicar criterios flexibles en los informes sociales y de reforzar la coordinación entre administraciones para garantizar una gestión más ágil y efectiva de los permisos de residencia y trabajo.
La segunda mesa, “Situación actual de la movilidad internacional”, moderada por el abogado Carlos Javier Mateo Seoane e integrada por Luis Esteban-Manzanares Fernández-Roldán, representante de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE), abordó los desafíos administrativos y tecnológicos en la gestión migratoria. Durante la ponencia se trataron cuestiones como la digitalización de procedimientos, la movilidad de trabajadores altamente cualificados, las dificultades en la validación de títulos y la regulación de los nómadas digitales. Esteban-Manzanares subrayó los avances en automatización y gestión digital de expedientes, con el objetivo de agilizar trámites y facilitar la atracción de talento internacional.
Por último, la mesa “La lucha contra la trata de seres humanos”, moderada por el abogado Mariano Calleja y con la participación de Rocío Mora, directora de APRAMP, centró el debate en la protección de las víctimas y en la necesidad de reforzar la colaboración institucional y jurídica frente a esta grave vulneración de derechos. Mora destacó el impacto de las redes sociales en la captación de mujeres, la importancia del acompañamiento jurídico y social desde el primer momento y el papel de la abogacía en la detección temprana y defensa de las víctimas. La sesión concluyó con un llamamiento a fortalecer la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales para ofrecer una atención integral y efectiva a las víctimas.