La Sección de Turismo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró el pasado 30 de septiembre la jornada «Turismo en tiempos de crisis: herramientas jurídicas para la protección de turistas y destinos», un encuentro dedicado a analizar las respuestas jurídicas ante las emergencias sanitarias, los conflictos internacionales, los fenómenos naturales y las amenazas tecnológicas que afectan a la actividad turística.
La sesión, celebrada en la Sala Consejo del ICAM y retransmitida online, se estructuró en dos mesas sobre el marco ético e institucional internacional y las herramientas jurídicas europeas y españolas. La apertura corrió a cargo de Juan Carlos Alfonso Rubio y Carlos Ulecia Palacios, copresidentes de la Sección de Turismo.
En su intervención, Carlos Ulecia destacó la necesidad de incorporar el derecho a la gestión de las crisis para proteger tanto a los viajeros como a las empresas y los destinos. «El turismo vive de la confianza y ninguna crisis destruye más confianza que la incertidumbre», señaló. Por su parte, Juan Carlos Alfonso Rubio agradeció la colaboración de ONU Turismo y puso en valor la combinación de perspectivas jurídicas, éticas y reputacionales para afrontar los desafíos del sector.
Protección internacional, ética y reputación de los destinos
La primera mesa contó con Alicia Gómez Alapont, directora de Asuntos Jurídicos y Estándares Internacionales de ONU Turismo; Julio Facal, abogado y miembro del Comité Mundial de Ética del Turismo de ONU Turismo; y Miguel Ángel Benedicto Solsona, de la Universidad Complutense de Madrid.
Alicia Gómez Alapont explicó las dificultades que plantea la fragmentación de la protección de los turistas entre distintos ordenamientos nacionales y presentó el Código Internacional de Protección de los Turistas, elaborado por ONU Turismo tras la experiencia de la pandemia. Describió este instrumento no vinculante como una vía para avanzar en la armonización de las respuestas ante emergencias y en la protección del viajero como consumidor.
Su intervención abordó la asistencia básica, la información accesible y fiable, la atención a las personas especialmente vulnerables y la transparencia en las cancelaciones, los reembolsos y las reclamaciones. También destacó la cooperación entre autoridades públicas y prestadores de servicios, la coordinación consular y los mecanismos alternativos de resolución de controversias, así como la necesidad de adaptar el código a los retos de los mercados digitales y la inteligencia artificial.
Julio Facal centró su exposición en la traducción de los principios éticos del turismo en normas y obligaciones concretas, tomando como referencia la Convención Marco sobre Ética del Turismo. A través del fenómeno de la turistificación, analizó las tensiones entre el crecimiento turístico, el acceso a la vivienda, los derechos de las comunidades receptoras y las condiciones laborales del sector.
El ponente defendió la planificación y el ordenamiento territorial como elementos esenciales para un turismo sostenible y planteó la necesidad de diferenciar jurídicamente el arrendamiento de inmuebles y la prestación de servicios de hospedaje. Asimismo, subrayó el papel de la abogacía para trasladar los principios éticos a la regulación contractual, laboral y ambiental.
Miguel Ángel Benedicto Solsona aportó la perspectiva de las relaciones internacionales y la diplomacia pública, vinculando la protección del turista con la reputación de los destinos y el poder blando de los países. Explicó que la experiencia de los visitantes influye en la percepción internacional de las instituciones, los servicios y la seguridad de un país, especialmente cuando se produce una emergencia.
En este contexto, destacó la importancia de comunicar con rapidez, transparencia y claridad, combatir la desinformación y coordinar la respuesta institucional. «En tiempos de crisis proteger al turista es proteger la confianza», afirmó, antes de relacionar esa confianza con la preservación de la reputación internacional del destino. El debate posterior abordó también los límites del crecimiento turístico y la necesidad de acompasarlo con las infraestructuras, los servicios públicos y el bienestar de los residentes.
Viajes combinados, ciberseguridad e inteligencia artificial
La segunda mesa reunió a María Dolores Serrano Castro, directora de la Asesoría Jurídica de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), y María Pardo de Vera, socia de Ceca Magán Abogados y experta en Protección de Datos y Derecho Digital.
María Dolores Serrano Castro analizó las diferencias de protección entre quienes contratan servicios turísticos por separado y quienes adquieren un viaje combinado. A partir de situaciones de viajeros afectados por crisis internacionales, explicó las obligaciones de información y asistencia de los organizadores, los mecanismos de reembolso y las respuestas cuando una emergencia se produce antes de la salida o durante la estancia en el destino.
La directora de la Asesoría Jurídica de UNAV abordó también la reforma europea de los viajes combinados y los retos que plantea para la distribución de responsabilidades entre los distintos integrantes de la cadena de prestación del viaje. En particular, puso de relieve las dificultades de las agencias cuando deben responder ante sus clientes sin poder recuperar de los proveedores los importes correspondientes, y defendió la mejora de los protocolos de colaboración con las administraciones.
Por su parte, María Pardo de Vera centró su intervención en las crisis digitales y su impacto sobre los servicios, los datos personales y la confianza de los viajeros. Expuso riesgos como el robo de credenciales, las suplantaciones de identidad y los mensajes fraudulentos que utilizan información de reservas para reclamar pagos, destacando la necesidad de proteger también a los proveedores tecnológicos y los sistemas externalizados.
Asimismo, examinó los desafíos derivados de la inteligencia artificial, desde la generación de contenidos engañosos hasta las recomendaciones de viajes y la posible contratación mediante agentes automatizados. Su exposición planteó las cuestiones de responsabilidad que surgen cuando estas herramientas ofrecen información incorrecta o ejecutan operaciones, y abordó la interacción entre la normativa de protección de datos, servicios digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad y consumo. También defendió una supervisión humana efectiva y una definición clara de las responsabilidades dentro de las organizaciones.
José Ramón Couso: prevención, seguridad jurídica y cooperación
El diputado de la Junta de Gobierno del ICAM José Ramón Couso intervino en la clausura institucional en representación del decano, Eugenio Ribón, y agradeció la participación de los especialistas y el trabajo de los copresidentes de la Sección de Turismo.
Couso destacó la relevancia económica y social del turismo y su exposición a crisis que ponen a prueba a las instituciones, las empresas y los viajeros. En este escenario, afirmó que el derecho «ocupa una posición central y tiene una función esencial» y lo definió como «un mecanismo de prevención, evidentemente, y de seguridad jurídica».
El diputado defendió la necesidad de proteger los derechos de viajeros, empresas y destinos, reforzar la cooperación entre administraciones, operadores, universidad y profesionales del derecho, y mantener a la persona como eje de las respuestas ante las emergencias. También puso en valor la Sección de Turismo como espacio de diálogo y destacó el compromiso de la abogacía con la anticipación de los cambios y la búsqueda de soluciones.
El cierre contó asimismo con César Gutiérrez, presidente de UNAV-FETAVE y copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV), quien trasladó la perspectiva práctica de las agencias como primer punto de contacto de muchos viajeros cuando una crisis altera sus planes.
Gutiérrez reclamó reglas claras sobre las obligaciones de organizadores y minoristas, los reembolsos y la asistencia, además de una distribución adecuada de los riesgos entre los prestadores de servicios. Defendió también mecanismos de financiación, canales permanentes de coordinación con las administraciones y protocolos específicos para afrontar situaciones extraordinarias, con el objetivo de construir un sistema capaz de proteger a los viajeros, los destinos y las empresas que hacen posible el viaje.
