La Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer, 29 de junio, en el Salón de Actos del ICAM, la jornada “Perjudicados y derechos resarcitorios derivados del apagón eléctrico de abril 2025”, una sesión centrada en el análisis jurídico de las posibles reclamaciones y vías de resarcimiento abiertas tras el apagón eléctrico registrado en abril del pasado año.
El encuentro, celebrado en formato presencial, permitió abordar las consecuencias jurídicas del apagón desde distintas perspectivas profesionales, con especial atención a la posición de las personas y entidades perjudicadas, el papel de las compañías suministradoras, la protección de los consumidores y la respuesta del sector asegurador ante este tipo de situaciones.
La jornada estuvo moderada por Manuel Castellanos Piccirilli, copresidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM, quien introdujo el debate recordando la magnitud del apagón, que afectó a España, Portugal y parte del sur de Francia, y planteó algunas de las principales cuestiones jurídicas que siguen abiertas: si el suceso puede calificarse como fuerza mayor o como un fallo atribuible a uno o varios agentes del sistema, a quién deben dirigirse las reclamaciones, qué papel corresponde a la CNMC y cómo puede operar el seguro en este tipo de escenarios.
En la sesión intervinieron Antonio Muñoz-Murillo Quirón, abogado de la Dirección de Litigios de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, S.A.; Enrique García López, del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU; y Miguel Sánchez de las Matas, abogado especialista en Derecho del Seguro.
Responsabilidad, consumidores y sector asegurador
Durante su intervención, Antonio Muñoz-Murillo Quirón analizó los distintos informes elaborados tras el apagón, entre ellos los del comité de análisis nombrado por el Gobierno, Red Eléctrica, la CNMC y el panel de expertos de ENTSO-E. En este contexto, subrayó la complejidad de distinguir entre las causas técnicas del apagón y la eventual atribución de responsabilidad jurídica, destacando que, a día de hoy, no existe una determinación oficial definitiva sobre el sujeto o sujetos responsables.
Desde la perspectiva de los consumidores, Enrique García López calificó el apagón como un hecho de consumo de enorme trascendencia por su alcance generalizado y defendió la necesidad de articular mecanismos eficaces para que los afectados puedan obtener una indemnización por los daños sufridos. En su intervención, abordó la posición de las personas consumidoras, la posible responsabilidad de las distribuidoras, las dificultades probatorias y la necesidad de contar con instrumentos adecuados de reclamación colectiva.
Por su parte, Miguel Sánchez de las Matas centró su exposición en la respuesta del sector asegurador. Explicó que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre este tipo de eventos y que, por tanto, los daños pueden recaer sobre el seguro privado ordinario, a través de pólizas de hogar, comercio, industria o multirriesgo. Asimismo, analizó las coberturas más habituales en estos supuestos, como los daños eléctricos, la pérdida de alimentos o mercancías refrigeradas y la pérdida de beneficios, así como las posibles acciones de subrogación de las aseguradoras una vez indemnizados los asegurados.
Un debate jurídico abierto
La jornada puso de manifiesto la existencia de un escenario jurídico especialmente complejo, marcado por la falta de una atribución oficial de responsabilidades, la posible concurrencia de distintos agentes del sistema eléctrico, la dificultad de acreditar determinados daños y la necesidad de definir con precisión la vía procesal adecuada para cada reclamación.
Entre las cuestiones abordadas durante el coloquio destacaron la posible aplicación del régimen de responsabilidad civil, la incidencia de la normativa sectorial eléctrica, los plazos de prescripción, la determinación del fuero competente, el alcance de las reclamaciones de consumidores y empresas, y el papel que podrían desempeñar las acciones colectivas en un asunto que afecta a una pluralidad de perjudicados.