La Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer, 3 de febrero, la jornada práctica titulada “Responsabilidad civil derivada del accidente ferroviario de Adamuz”, con el objetivo de ofrecer una visión útil y rigurosa de los mecanismos de reclamación jurídica a disposición de las personas afectadas por esta grave tragedia.
La sesión, concebida como una mesa redonda con un marcado enfoque práctico, fue moderada por Manuel Castellanos Piccirilli, copresidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del ICAM, quien destacó la rabiosa actualidad del siniestro y su consideración como “gran siniestro”, así como la importancia de abordar de forma coordinada las distintas vías de responsabilidad.
Abrió la jornada Agustín López-Carrasco Casado, abogado del ICAM y superviviente del accidente, que compartió su testimonio personal como viajero del tren siniestrado. Desde su experiencia directa, expuso las dificultades prácticas que plantea el sistema indemnizatorio del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), mostrando una visión crítica sobre la suficiencia de las categorías y cuantías previstas en la normativa vigente.
A continuación, Alberto Martín Antón, abogado con amplia experiencia en el proceso penal derivado del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, analizó la posible evolución penal del caso de Adamuz a la luz del precedente de Angrois. Su intervención se centró en los límites y la utilidad práctica de la acción penal en este tipo de procedimientos, así como en los criterios que previsiblemente podrían ser utilizados en la instrucción y enjuiciamiento del caso.
Por su parte, Carlos Villacorta Salís, abogado especialista en grandes siniestros, abordó los aspectos civiles del accidente y la responsabilidad del transportista, poniendo el acento en la relevancia de la investigación técnica de las causas del siniestro. Comparó el régimen ferroviario con el aéreo, subrayando las diferencias en materia de responsabilidad objetiva, límites indemnizatorios y coordinación entre autoridades técnicas y judiciales, así como la importancia de garantizar una información veraz como parte de la reparación integral de las víctimas.
Cerró la mesa Julián López Martínez, abogado experto en derecho administrativo, quien analizó la posible responsabilidad patrimonial de la Administración y la concurrencia de sujetos privados en este tipo de reclamaciones. Su intervención se centró en el marco normativo aplicable, la responsabilidad de los contratistas y las particularidades del proceso contencioso-administrativo en supuestos de accidentes ferroviarios.
