La Sección de Reestructuraciones, Insolvencias y Segunda Oportunidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebró ayer, 10 de marzo, la jornada titulada “El nuevo marco de la Segunda Oportunidad a la luz de las STS de febrero de 2026”, un encuentro centrado en analizar el impacto de las recientes resoluciones del Tribunal Supremo y su aplicación práctica en los procedimientos de Segunda Oportunidad.
La sesión fue presentada por los copresidentes de la Sección, Dolores Alemany y Adrián Thery, quienes subrayaron la importancia de estas decisiones jurisprudenciales para la práctica profesional de la abogacía especializada en materia concursal y para la evolución del mecanismo de Segunda Oportunidad en España.
La jornada estuvo moderada por Manuela Serrano Sánchez, presidenta de ASPAC y socia responsable del área de reestructuraciones e insolvencias en Toda & Nel-lo, quien condujo el debate jurídico entre los ponentes y destacó la relevancia de analizar los criterios interpretativos que comienzan a consolidarse tras las últimas resoluciones del alto tribunal.
Durante el encuentro intervinieron Javier Vaquer Marín, magistrado de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid; Andrés Sánchez Magro, magistrado de la misma jurisdicción; Val Mayoral Arribas, socia directora de Valma Abogados; y José María Puelles Valencia, copresidente de la Sección de Reestructuraciones, Insolvencias y Segunda Oportunidad del ICAM.
A lo largo de la sesión, los ponentes ofrecieron una visión práctica sobre el alcance de las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en febrero de 2026, abordando cuestiones clave como la interpretación de los requisitos para la exoneración del pasivo insatisfecho, los límites del beneficio de la Segunda Oportunidad y los criterios que previsiblemente marcarán la evolución de los procedimientos en los próximos meses. El encuentro permitió, además, generar un espacio de debate entre profesionales del ámbito concursal sobre los principales retos que plantea la aplicación de este mecanismo y su papel como instrumento jurídico para facilitar la recuperación económica de personas físicas y empresarios en situación de insolvencia.
