La Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado en la tarde de hoy una jornada centrada en el análisis y la reflexión sobre la figura del experto facilitador procesal, pieza clave para garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas con discapacidad, personas mayores y aquellas con trastornos mentales.
Bajo el título «La necesidad de la actuación del experto facilitador procesal en apoyo a las personas con discapacidad (y mayores)», el encuentro ha tenido lugar en la sede del ICAM y ha reunido a un nutrido grupo de profesionales del ámbito jurídico comprometidos con la inclusión. El evento ha contado con la participación como moderadores de Carlos Fernández Pascual y Ángel Bravo del Valle, abogados del ICAM y copresidentes de la Sección organizadora. Las ponencias han corrido a cargo de las abogadas Amparo Ribón Seisdedos, Marta Sanz Heredero y Elvira Cabanes Miró, todas ellas miembros del Colegio.
Durante la jornada se ha abordado con profundidad la figura del facilitador judicial, definida como un profesional especializado, neutral e independiente, cuyo objetivo es asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones. Esta figura, que ya cuenta con reconocimiento normativo a través del Real Decreto 193/2023 y el reciente Decreto 52/2024, de 8 de mayo, aprobado por la Comunidad de Madrid, desempeña un papel fundamental en todos los ámbitos jurisdiccionales.
Uno de los puntos destacados del debate ha sido la necesidad de dotar a esta figura de una regulación uniforme a nivel estatal, dado que actualmente no existe una referencia explícita en la Ley Orgánica 1/2025, lo que representa un vacío legal significativo. Las ponentes también han detallado las funciones que desempeña el facilitador, entre las que se encuentran el apoyo en la comunicación, la interpretación de la voluntad del justiciable y la utilización de herramientas accesibles, como pictogramas o sistemas alternativos de comunicación, sin asumir nunca un rol de representación legal.
Asimismo, se ha subrayado la importancia de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en todas las fases del proceso judicial, desde la identificación de sus necesidades hasta su intervención en la práctica de pruebas. En este sentido, se ha incidido en la necesidad de formación específica para los facilitadores, con un mínimo de 100 horas de capacitación en materias relacionadas con la discapacidad y la comunicación, y titulaciones en derecho, psicología, trabajo social u otras disciplinas afines, como la que se imparte desde el Centro de Estudios del ICAM.
La jornada también ha servido como espacio para exponer experiencias reales en las que la intervención del facilitador ha resultado decisiva, tanto en procesos penales como civiles, mejorando notablemente la percepción del sistema judicial por parte de los justiciables. Las ponentes han compartido reflexiones sobre los retos actuales para la consolidación de esta figura en el conjunto del territorio español, así como sobre su evolución histórica y su comparación con modelos ya consolidados en otros países, como México, donde los facilitadores judiciales forman parte del sistema público.