La Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebró ayer, 12 de noviembre, una jornada dedicada a analizar las principales claves del proceso administrativo en las resoluciones bancarias, un ámbito de especial relevancia en el contexto financiero y jurídico actual.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede colegial, fue presentado y moderado por Cayetana Lado Castro-Rial, abogada, socia de Ramón y Cajal Abogados y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Bancario del ICAM.
Durante la sesión, intervinieron como ponentes Lucía Arranz Alonso, Directora del Departamento Jurídico del Banco de España y miembro del Consejo Asesor de la Sección; Iván Fernández González, Director de Resolución del FROB; Raquel Lapresta Beinz, Legal Expert en el servicio jurídico de la Junta Única de Resolución; Ana Lillo Cervantes, Directora Jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito; y Carlos Lora González, abogado en Uría Menéndez, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y autor del libro ¿Qué es la resolución bancaria? Respuestas desde el Derecho Administrativo.
A lo largo de la jornada, los expertos abordaron, desde una perspectiva eminentemente práctica y académica, los distintos aspectos que configuran el proceso de resolución bancaria como una potestad administrativa con efectos permanentes sobre las entidades en crisis. Se subrayó la diferencia entre la resolución y otros mecanismos como el concurso de acreedores, destacando su carácter de instrumento de corrección orientado al interés general y a la estabilidad financiera.
En la primera parte, se analizó el marco normativo y procedimental que rige las resoluciones bancarias, incluyendo el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y de la Comisión Europea en la aprobación de las medidas adoptadas, así como la revisión jurisdiccional de decisiones en casos concretos como el del Banco Popular.
Posteriormente, se profundizó en los recursos administrativos y judiciales que pueden interponerse frente a los actos de resolución, poniendo de relieve la complejidad de determinar cuál es el acto definitivo recurrible y ante qué instancia.
Los ponentes también examinaron el contenido y los elementos esenciales de los planes de resolución, así como las herramientas disponibles —entre ellas el Fondo Único de Resolución (FUR)— y su compatibilidad con la normativa europea sobre ayudas de Estado.
Otro bloque temático se centró en la implementación práctica del proceso de resolución, destacando la estructura vertical del sistema, en la que la autoridad europea adopta la resolución y las autoridades nacionales ejecutan las medidas.
Finalmente, se debatió sobre la operacionalización y el futuro del modelo de resolución bancaria, incidiendo en la necesidad de entender este mecanismo desde la óptica del Derecho Administrativo y de su función como instrumento de tutela del interés público.
En el cierre de la jornada, se destacó la aportación académica de la obra y la investigación de Carlos Lora, cuyo enfoque doctrinal contribuye a clarificar y sistematizar la naturaleza jurídica de la resolución bancaria, fomentando un debate enriquecedor entre representantes institucionales, académicos y profesionales del sector financiero.