La Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer una jornada de máxima actualidad bajo el título «Ciberdelincuencia, Phishing, responsabilidad legal y la Sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril», en la que se ha analizado en profundidad la creciente amenaza de los fraudes digitales en el ámbito bancario y empresarial, así como las implicaciones jurídicas derivadas.
La sesión ha sido presentada y moderada por José Ramón Couso, Diputado 2º de la Junta de Gobierno del ICAM y Presidente de la Sección de Derecho Bancario. El acto ha contado con la intervención de destacados expertos: Mar González Bella, Directora de Asesoría Jurídica de Ibercaja; Alberto J. Tapia Hermida, Catedrático de Derecho Mercantil y abogado; Fidel Solera, Fiscal Delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Madrid; y el Coronel Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, Responsable de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil.
Durante la jornada, se abordaron las principales amenazas a la ciberseguridad en el sector bancario, incluyendo ataques informáticos, fraudes por phishing y el uso de datos personales robados en el mercado negro digital. Se subrayó la dificultad para rastrear a los ciberdelincuentes y la sofisticación creciente de los métodos empleados, como la ingeniería social y el uso de malware automatizado.
Uno de los ejes centrales de la sesión fue el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, que examina el marco normativo nacional y europeo aplicable, destacando la importancia del Reglamento DORA en la gestión del riesgo tecnológico y la resiliencia operativa digital. Se debatió también sobre la responsabilidad cuasi objetiva de los proveedores de servicios financieros, y el deber de diligencia tanto de las entidades como de los propios usuarios.
Los ponentes analizaron también la normativa penal aplicable, con especial referencia a los artículos 248 y 249 del Código Penal, así como las responsabilidades civiles y contractuales de las entidades bancarias frente a sus clientes. Se compartieron casos prácticos y jurisprudencia reciente, que permitieron ilustrar la dinámica judicial en estos delitos y los criterios de atribución de responsabilidad.
Además, se destacaron las implicaciones éticas y empresariales de la ciberseguridad, así como la necesidad de una colaboración efectiva entre instituciones, cuerpos de seguridad y el sector privado para afrontar estos desafíos de manera coordinada.
La jornada concluyó con un llamamiento a reforzar la concienciación ciudadana y empresarial frente a los riesgos digitales, y a consolidar un marco legal y operativo robusto que garantice la seguridad y confianza en el entorno financiero digital.
