El pasado 22 de mayo, la Sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró una jornada dedicada a la contratación de servicios jurídicos por parte de las Administraciones y entidades públicas, con especial énfasis en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 65/2024.
El evento abordó la contratación de servicios jurídicos por las diversas Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales), así como por organismos, entidades y empresas del sector público, un tema de creciente importancia económica y que afecta a todas las ramas de la práctica profesional.
En la sesión se explicó que la legislación europea distingue claramente entre los servicios generales de asesoría jurídica y los servicios de defensa jurídica ante los Tribunales de Justicia (incluyendo arbitraje y mediación), regulando solo los primeros. Sin embargo, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) española incluye todos los servicios legales bajo su ámbito, lo que genera múltiples problemas prácticos que incluyen, entre otros, la agilidad en la designación de abogados, los criterios de adjudicación, la duración del contrato, los honorarios, la pérdida de confianza, los conflictos de interés y las reglas deontológicas.
Durante el encuentro se analizó la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 65/2024, de 11 de abril, que ha aclarado algunas de las dudas existentes sobre el régimen legal aplicable a la contratación pública de abogados y también se abordaron otros pronunciamientos judiciales relevantes en las últimas semanas.
Para ello, la sesión contó con la intervención de Fabio Pascua Mateo, Catedrático de Derecho Administrativo, Letrado de las Cortes Generales y abogado en Baker & McKenzie; Antonio Rodríguez Castaño, Letrado del Tribunal de Cuentas y Socio Director de RC Abogados; Carlos Melón, Socio de Ramón & Cajal Abogados y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Administrativo; y Natalia Olmos, Socia de Pérez-Llorca Abogados.
La jornada fue presentada por Alberto Dorrego, Presidente de la Sección de Derecho Administrativo, quien concluyó que “en general, a la conclusión que hemos llegado es que el sometimiento de la contratación de abogados, sobre todo para la representación y defensa ante los tribunales de justicia, no está correctamente sujeta a la ley de contrato del sector público y sería muy importante hacer una reflexión sobre la necesidad de su modificación.”.
