La Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró el pasado 12 de marzo una jornada titulada “La situación de vulnerabilidad en los juicios de desahucio”, un encuentro dirigido a analizar el marco jurídico y la aplicación práctica de este concepto en los procedimientos de arrendamiento. La sesión fue moderada por Alberto Torres, presidente de la Sección, y contó con la intervención de Sandra Esther Flores Grandoso, abogada y coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica de Vivienda del ICAM.
Durante la jornada se abordó el concepto jurídico de vulnerabilidad en el ámbito de los procedimientos de desahucio, diferenciando entre vulnerabilidad económica y social. En este sentido, se explicó que la vulnerabilidad económica suele vincularse a la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler y los suministros cuando estos superan determinados porcentajes de los ingresos familiares, mientras que la vulnerabilidad social puede estar relacionada con circunstancias como la existencia de menores, situaciones de dependencia, discapacidad o violencia de género.
Los ponentes analizaron también las dificultades prácticas que plantea la determinación de estas situaciones en los procedimientos judiciales, así como el papel de los informes de los servicios sociales en la valoración de la vulnerabilidad. En este punto, se destacó la diversidad de criterios en la elaboración de dichos informes y la conveniencia de avanzar hacia modelos más homogéneos que faciliten su valoración por los tribunales y aporten mayor seguridad jurídica.
Asimismo, la sesión abordó el impacto de los cambios normativos recientes en esta materia, especialmente tras la finalización de la prórroga de las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia, y cómo estos cambios afectan a la suspensión de los procedimientos de desahucio y a la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los supuestos de vulnerabilidad.
El encuentro concluyó con un debate abierto entre los asistentes sobre los retos jurídicos y sociales que plantea la protección de las personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, así como sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre la Administración, los servicios sociales y los operadores jurídicos para ofrecer respuestas más eficaces a estas situaciones.
