La abogacía de Madrid y Barcelona reclama el compromiso de las fuerzas políticas para llevar la especialización judicial en materia de familia a todo el territorio nacional

Proteger el interés superior del menor y garantizar el principio de igualdad en el acceso a la justicia son algunos de los objetivos que persigue la especialización judicial en materia de Familia, Infancia y Capacidad que reivindican los juristas convocados por los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona para la puesta de largo del nuevo instituto de investigación e innovación jurídica I+D ICAM.

El organismo, “que busca lograr una implicación más activa del Colegio de Madrid en cuestiones de calado que afecten a la abogacía y a la sociedad Civil”, según ha explicado el decano Eugenio Ribón, ha comenzado este lunes su andadura con una jornada en la que han invitado a representantes políticos de todo el arco parlamentario a ratificar su compromiso con esta causa: “La necesidad de especialización de las secciones de los futuros Tribunales de Instancia en las materias de infancia, familia y capacidad”.

La herramienta para hacerlo posible, han advertido los organizadores, es el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación parlamentaria y al que el ICAM, el ICAB y la Plataforma Familia y Derecho han presentado diversas enmiendas para que haya una sección especializada en Derecho de Infancia, Familia y Capacidad en cada Tribunal de Instancia.

“La sociedad ha evolucionado rápidamente y el Derecho de Infancia, Familia y Capacidad ha adquirido una gran complejidad. Por ello, es necesario contar con una Justicia especializada que pueda hacer frente a los nuevos retos que se nos presentan”, ha subrayado la vicedecana del ICAM.  Isabel Winkels también ha destacado la importancia de garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la justicia, “pues no es admisible que, dependiendo del lugar de residencia, un asunto de divorcio o de efectos de ruptura de pareja estable pueda ser conocido por un juzgado especializado o por uno no especializado”.

Desde Barcelona, el decano del ICAB, Jesús Sánchez, ha pedido a los representantes públicos invitados a la jornada que ratifiquen su compromiso con la especialización de la planta judicial: “El Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia debe resultar un antes y un después en este sentido, un auténtico cambio de paradigma. Estoy seguro de que el legislador sabrá dar respuesta a esta necesidad recogida en el propio proyecto de ley e implantar gradualmente, pero sin mayor demora o dilación, la especialización en todo nuestro país”.

Diálogo institucional

A fin de trasladar esta y otras preocupaciones de los profesionales de la abogacía que afectan a los derechos de la ciudadanía, el ICAM aspira a poner en comunión lo mejor de varios mundos en torno al nuevo instituto de investigación. Por un lado, ha explicado Ribón, “la voz del ejercicio de la abogacía, un agente indispensable en la labor de administrar Justicia que, desde primera línea de las trincheras, detecta antes que nadie los fallos normativos y sus posibles soluciones. Por otro, “el ámbito académico, compuesto por todos los profesionales encargados del estudio y desarrollo Doctrinal para ahondar en la interpretación del derecho”.  Y para completar el círculo, “el diálogo institucional”, todo ello con el objetivo de “las inquietudes de la abogacía a todas las entidades clave que afectan a nuestra actividad, ya sean públicas y privadas”.

En línea con ese deseo de entablar un nuevo diálogo institucional para mejorar desde el Derecho las condiciones de vida de la ciudadanía, el presidente del instituto I+D ICAM, Javier Orduña, ha señalado que, “desde el punto de vista político, apostar por la especialización en los juzgados de familia es nada menos y nada más que apostar por la protección jurídica de la familia, uno de los principios básicos de la Constitución, y la especialización es además una consecuencia necesaria del desarrollo del principio básico y nuclear de la protección del interés superior del menor”.

Para Orduña, ex magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Valencia, “ha llegado el momento de ponerse a trabajar en la especialización porque supone adaptar la eficiencia y la eficacia y el servicio púbico de justicia a un ámbito tan cambiante y necesario de especialización como presenta el actual derecho de familia”.

En cuestión de Familia, según ha recordado Winkels, son los juzgados de primera instancia los encargados actualmente de conocer los asuntos, junto con otros propios de materia Civil. Sin embargo, el Derecho de Familia tiene una serie de características que aconsejan una especialización de los órganos judiciales encargados de su enjuiciamiento, como pueden ser la primacía del interés superior del menor y de la protección de los más vulnerables en cada familia; la limitación de la autonomía de la voluntad o la presencia de un fundamento ético en una parte de su regulación.

No obstante, ha recalcado la vicedecana del ICAM, en la actualidad solamente hay este tipo de órganos judiciales especializados en determinadas ciudades: “existen unos 163 Juzgados de Familia que se localizan en 56 partidos judiciales, de los 431 actualmente existentes”.

Compromiso del legislativo

Desde el ámbito legislativo, han participado en el acto destacados representantes de algunos de los principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En sus intervenciones, los diputados Miguel Ángel González (PSOE), Luis Santamaría (PP), Eduardo Luis Ruiz (Vox) y Genis Boadella (Grupo Plural) han compartido el posicionamiento de sus respectivas fuerzas políticas, en su mayoría favorables a incluir la especialización en el mencionado proyecto de Ley.

“Estamos inmersos en un proceso de especialización a partir de la Ley de Eficiencia Organizativa que se está debatiendo en el Congreso y por parte de mi grupo parlamentario tenemos esperanza de conseguir que salgan adelante estas medidas que posibilitan tanto la especialización como mejoran el acceso a la justicia a las personas con discapacidad”, ha declarado el representante socialista.

El diputado del Partido Popular, por su parte, ha emplazado la aprobación de la ley al final de las movilizaciones en la Administración de justicia: “No votaremos a favor de la ley mientras los funcionarios estén en huelga”.

 “Para Vox, como partido que defiende la perspectiva de familia como elemento nuclear de toda legislación, la especialización de las órganos judiciales de Infancia, Familia y Capacidad nos parece importantísima”, ha destacado Ruiz.

«Es nuestra voluntad llevar hasta el final el reconocimiento a la especialización de los juzgados de Infancia, Familia y Capacidad», ha explicado Boadella.

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