La Sección de Derecho Agroalimentario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado hoy la jornada titulada «Retos y oportunidades de la futura Ley de Agricultura Familiar», un encuentro que ha reunido a expertos y representantes del sector para analizar el impacto y los desafíos que plantea la próxima regulación en el ámbito agrario.
El acto ha sido inaugurado por el presidente de la Sección, Manuel Lamela Fernández, quien ha subrayado la importancia de dotar al sector de una normativa clara y adaptada a los retos del siglo XXI. En su intervención, Lamela ha destacado el papel del ICAM como foro de análisis y reflexión jurídica sobre los grandes temas que afectan a sectores clave como el agroalimentario.
La jornada ha contado con las ponencias de Jorge Fraile García, responsable del departamento jurídico de COAG, y José Ramón González Rodríguez, Secretario de Ganadería de UPA, quienes han aportado la visión práctica del sector y han profundizado en los aspectos jurídicos y sociales más relevantes de la futura ley.
Entre los principales temas abordados, se ha destacado la necesidad de una definición jurídica precisa de la agricultura familiar, ausente en la actual legislación, así como la urgencia de establecer un marco legal que priorice este modelo en las ayudas públicas, facilite el relevo generacional y garantice la sostenibilidad social, económica y ambiental de las explotaciones.
Los expertos han coincidido en señalar que la futura Ley de Agricultura Familiar representa una oportunidad para modernizar el marco normativo agrario, adaptarlo a las nuevas realidades del campo y proteger a las explotaciones familiares frente a amenazas como el envejecimiento de la población rural, la falta de acceso a la propiedad o la irrupción de fondos de inversión no vinculados al territorio.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto el papel estratégico de este tipo de agricultura para fijar población en el medio rural, promover el empleo de jóvenes y mujeres, y contribuir a la cohesión territorial, tal como ha reconocido el propio Ministerio de Agricultura en su impulso a esta normativa.
La jornada también ha abordado el impacto del contexto internacional y las políticas arancelarias sobre el modelo de agricultura familiar, insistiendo en la necesidad de mantener su competitividad en un entorno globalizado.
Desde la Sección de Derecho Agroalimentario se ha hecho un llamamiento a la participación activa de las organizaciones profesionales, juristas y asesores del sector en el proceso de consulta pública, con el objetivo de que la futura ley recoja una visión integral y realista de las necesidades del campo español.
