La inteligencia artificial forma ya parte del presente clínico y comienza a intervenir en procesos tan sensibles como el diagnóstico médico, la gestión sanitaria o la monitorización neuroconectiva. Sistemas automatizados de análisis, algoritmos predictivos, plataformas de decisión médica o interfaces cerebro-máquina abren nuevas posibilidades para la medicina, pero también plantean desafíos jurídicos y éticos de enorme complejidad.
Consciente de esta realidad, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado este jueves la tercera edición de su Congreso de Derecho Sanitario con una llamada a repensar el marco normativo de la asistencia sanitaria ante la aceleración tecnológica. Durante dos días, juristas, médicos, ingenieros y expertos en bioética debatirán sobre cómo garantizar que la revolución digital en salud no desplace al ser humano del centro del sistema.
En palabras de la presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del ICAM, Esperanza Marcos, “el Derecho no debe llegar tarde a la transformación digital de la salud. Debe llegar a tiempo, con firmeza y con humanidad”.
Desde el emblemático auditorio Gregorio Marañón —antigua sede del Real Colegio de Cirugía de San Carlos y antes Hospital de la Pasión—, Marcos situó el debate en un momento crítico que equiparó con el “momento Oppenheimer” en la historia de la ciencia: una encrucijada en la que el conocimiento humano alcanza tal magnitud que obliga a confrontar sus propios límites éticos. “La IA ya no es una herramienta de apoyo. Comienza a tomar decisiones clínicas, a participar en la gestión sanitaria e incluso en la monitorización neuroconectiva de los pacientes”, advirtió. “Frente a este avance, la pregunta no es solo qué puede hacer la tecnología, sino qué debe hacer y bajo qué límites jurídicos y humanistas”.
Tres exigencias y una paradoja
La presidenta de la Sección de Derecho Sanitario alertó de que esta nueva realidad exige no solo adaptación técnica, sino una reflexión jurídica profunda y un rediseño del marco regulatorio. “¿Cómo preservar la autonomía, la dignidad y la privacidad en un entorno de vigilancia neurotecnológica? ¿Cómo garantizar el consentimiento informado cuando los sistemas que intervienen en las decisiones médicas son opacos, incluso para los propios profesionales? ¿Quién asume la responsabilidad jurídica cuando los algoritmos cometen errores y aprenden por sí mismos?”, planteó.
En su opinión, las respuestas deben partir de una revisión crítica de los principios que han sustentado hasta ahora el derecho sanitario. “La autonomía de la voluntad, la confidencialidad de los pacientes, la equidad en el acceso y la justicia distributiva deben ser reafirmadas, no relativizadas, en este nuevo escenario”. Por ello, reivindicó una triple exigencia: justicia normativa, transversalidad en el enfoque y preservación del humanismo sanitario. “La paradoja es que cuanto más poder otorgamos a la inteligencia artificial, más indispensable se vuelve el factor humano”, concluyó, recordando las palabras del doctor Marañón cuando identificó como gran innovación médica “la silla: la que nos permite sentarnos junto al paciente, escucharlo y explorarlo”.
Desafíos de la neurociencia
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, recogió el testigo y centró su intervención en los riesgos jurídicos emergentes del desarrollo de las neurociencias. Cuestiones como el hackeo del cerebro, la exposición involuntaria de la actividad mental o la posible manipulación de pensamientos humanos apuntan a una nueva dimensión del derecho a la intimidad. “Se abren nuevas posibilidades en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, pero también nuevos desafíos éticos, jurídicos y sociales que requieren inmediata atención por parte del sector jurídico”, afirmó.
Winkels relató cómo la lectura del libro ¿Qué son los neuroderechos?, escrito por Antonio Garrigues y Luis Miguel de la Garza, la llevó a profundizar en esta materia y a impulsar, junto a Esperanza Marcos, un congreso centrado precisamente en esta intersección crítica entre Derecho y neurotecnología. “La vulnerabilidad de nuestras ideas, de nuestra mente, la posibilidad de introducirse en nuestros pensamientos, que son el dato más privado que tenemos, y de hacerlos públicos… todo esto me impactó profundamente”, confesó. “La terminología que estamos usando ya da cuenta de dónde estamos y hacia dónde vamos”.
Recordó también cómo el profesor Juste llevaba desde 2013 alertando sobre la necesidad de proteger jurídicamente la mente humana, “una idea que puede parecer ciencia ficción, pero que ya no lo es”. Y propuso que las conclusiones del Congreso sirvan como punto de partida para avanzar hacia una legislación garantista: “El Colegio de la Abogacía de Madrid pondrá todas sus herramientas para avanzar en esa dirección”, afirmó.
El papel de los juristas
Por su parte, Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, intervino en representación de la Consejería de Sanidad para destacar la importancia de contar con profesionales jurídicos altamente especializados. “Afirmar que el Derecho de la salud y la tecnología requieren una atención especializada parece casi un lugar común, pero no por ello deja de ser esencial”, señaló.
Jimeno advirtió de que los avances tecnológicos en el sector salud —especialmente en inteligencia artificial— exigen un marco regulatorio sólido, claro y capaz de adaptarse con rapidez a los cambios. Tras aludir al Reglamento General de Protección de Datos, al Reglamento de Productos Sanitarios y al reciente Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, subrayó que “estas normativas son un primer paso”, pero insuficientes si no se abordan las dudas interpretativas que hoy presentan conceptos clave como la identificación de sistemas de alto riesgo o la protección de la cadena de suministro.
“Lograr ser especialista en este campo es un gran reto en estos tiempos de explosión tecnológica”, afirmó. “Pero precisamente por ello es primordial contar con juristas altamente cualificados. Pues es en este dominio, mucho más que en cualquier otro, que los sistemas regulatorios deben caminar de la mano de los avances tecnológicos, a fin de salvaguardar la salud pública y los estándares éticos”.
La directora general señaló también el reto que enfrentan las compañías del sector salud en términos de cumplimiento normativo, subrayando la necesidad de alfabetización tecnológica del personal y de una correcta identificación de los casos de uso actuales y futuros. Y concluyó reconociendo el valor del enfoque del Congreso, “no solo desde una perspectiva jurídica, sino también desde una mirada profundamente humana”.