El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha defendido la necesidad de acudir a los principios de transparencia, buena fe e igualdad para proteger a los consumidores frente a los riesgos de la contratación digital. «Van a tener que bucear en los principios clásicos del derecho para poder combatir a los algoritmos», ha afirmado durante la jornada de la Sección de Consumo «La protección del consumidor en la era digital: análisis sustantivo y procesal», celebrada el 20 de octubre en el ICAM.
En su intervención, Ribón ha advertido de que la respuesta normativa avanza por detrás de las nuevas prácticas comerciales y ha propuesto la creación de un registro estatal de algoritmos en las relaciones de consumo. El objetivo sería facilitar que las asociaciones de consumidores, las universidades y otros interlocutores puedan analizar su funcionamiento, con las debidas garantías para los secretos empresariales. «Vamos caminando del click al pleito», ha señalado al describir los nuevos conflictos que plantea este entorno.
La sesión, organizada por la Sección de Consumo, ha contado con la presentación de su presidenta, Icíar Bertolá Navarro, y la moderación de Vanesa Fernández Escudero, abogada y miembro del Consejo Asesor de la Sección. Junto al Decano han intervenido Jesús Sánchez García, abogado y decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, y Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de Justicia.
Cuatro riesgos para la libertad de elección del consumidor
El Decano ha identificado cuatro grandes ámbitos de riesgo: la fijación dinámica de precios y la discriminación algorítmica; los patrones oscuros; la publicidad personalizada y encubierta, y la evaluación crediticia automatizada.
En relación con los precios, ha situado el problema en la utilización de información sobre el usuario para personalizar las ofertas sin que este conozca los criterios empleados. «La cuestión ahora radica en la personalización basada en patrones de los que no es consciente el usuario», ha explicado. En este contexto, ha destacado la importancia de la transparencia para que el consumidor pueda comprender las consecuencias jurídicas y económicas de sus decisiones.
Ribón también ha descrito cómo los patrones oscuros pueden condicionar la voluntad a través del diseño de las interfaces: botones de cancelación difíciles de encontrar, opciones de aceptación más visibles que las de rechazo o ventanas emergentes que empujan al usuario a consentir. Estas técnicas, ha señalado, pueden inducir a realizar acciones no deseadas o a aceptar prácticas que se rechazarían en otras circunstancias.
Respecto a la publicidad, ha advertido de las dificultades que introduce la personalización de los mensajes para la defensa colectiva de los consumidores, al sustituir un anuncio común por contenidos adaptados a cada destinatario. En el ámbito financiero, ha defendido una evaluación responsable de la solvencia y ha subrayado la necesidad de ofrecer explicaciones razonadas e individualizadas ante las decisiones automatizadas de denegación de crédito.
Finalmente, ha recordado que la protección frente a la abusividad debe atender también a las prácticas no consentidas, más allá del contenido de las condiciones generales de contratación.
Del control de las cláusulas al análisis de cómo se obtiene el consentimiento
Jesús Sánchez García ha situado el debate en la evolución desde la contratación negociada y los contratos de adhesión hacia una contratación digital automatizada, en la que la arquitectura tecnológica puede orientar las decisiones del usuario. «¿Cómo se ha obtenido el consentimiento?», ha planteado como pregunta central para abordar estos conflictos.
El abogado ha defendido una lectura coordinada de las normas de consumo, protección de datos, servicios digitales e inteligencia artificial. También ha señalado las posibilidades de la vía indemnizatoria y ha animado a explorar la reparación del daño moral, especialmente ante los perjuicios asociados al uso adictivo de las plataformas.
En el coloquio, Sánchez ha reivindicado el papel de una abogacía activa en la búsqueda de soluciones y ha recordado cómo la defensa de los consumidores en materia hipotecaria contribuyó a transformar la práctica judicial y a impulsar cambios legislativos.
Reconstruir lo que vio el usuario al contratar
El letrado de la Administración de Justicia Adrián Gómez Linacero ha centrado su intervención en las dificultades probatorias de estos procedimientos. Según ha explicado, el análisis ya no puede limitarse al documento contractual: es necesario reconstruir las pantallas, los mensajes y las opciones que se ofrecieron al consumidor al contratar o registrarse en una plataforma.
Su exposición ha recorrido la influencia de la interfaz durante todo el proceso, desde las ofertas que generan una falsa urgencia o presentan servicios inicialmente gratuitos hasta los obstáculos para desistir o darse de baja. Para acreditar estas circunstancias, ha examinado la utilidad de las capturas y grabaciones de pantalla, los archivos históricos de páginas web, la prueba pericial, el derecho de acceso a los datos personales y la exhibición documental.
Gómez Linacero ha destacado el principio de facilidad probatoria, dada la posición de las plataformas para aportar información sobre sus propios sistemas, y ha defendido la conveniencia de que exista un registro de las interfaces utilizadas en cada contratación que permita preservar su trazabilidad.
Una estrategia procesal adaptada a un entorno cambiante
Por su parte, Vicente Pérez Daudí ha advertido de las dificultades de aplicar el proceso civil actual a una realidad digital dinámica, en la que una interfaz puede cambiar antes de que llegue el momento de practicar la prueba. «Tenemos que adaptar el proceso actual a estas nuevas realidades», ha reclamado.
El catedrático ha insistido en definir la estrategia antes de presentar la demanda: identificar al responsable, precisar las pretensiones, determinar el órgano competente y estudiar la posible acumulación de acciones. Asimismo, ha abordado el encaje de los medios adecuados de solución de controversias y la importancia de que la reclamación previa guarde correspondencia con el objeto del posterior procedimiento.
Pérez Daudí ha diferenciado las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba de las medidas cautelares destinadas a garantizar la efectividad de la sentencia. También ha recomendado atender a los expedientes de la Comisión Europea y a su posible incidencia en los litigios civiles, así como preparar desde el inicio la acreditación del daño y de la relación de causalidad.
Un espacio de debate para buscar soluciones prácticas
En la apertura, Icíar Bertolá Navarro ha destacado la acogida de la jornada, con más de 400 personas conectadas, y ha defendido la vocación de la Sección de Consumo como espacio de debate y búsqueda de soluciones jurídicas. La presidenta ha planteado si el consentimiento puede considerarse realmente libre e informado cuando detrás de un clic existe un recorrido diseñado para orientar la decisión del consumidor.
Vanesa Fernández Escudero ha articulado la sesión en torno a la conexión entre la protección sustantiva y las herramientas procesales necesarias para hacerla efectiva. Durante el coloquio, ha trasladado a los ponentes cuestiones sobre la suficiencia del deber de información, la acreditación del funcionamiento de las interfaces y las dificultades de las acciones individuales y colectivas.
La jornada ha puesto de relieve la necesidad de combinar los principios clásicos de protección del consumidor con una estrategia probatoria y procesal capaz de responder a la influencia creciente del diseño digital y los algoritmos en las decisiones de consumo.
Información relacionada
El ICAM y la AEDC celebrarán los días 19 y 20 de noviembre el VIII Congreso Nacional de Consumo