- • La UGE prevé alcanzar los 145.000 expedientes este año, mientras que las últimas sentencias del Supremo refuerzan la valoración individualizada de las solicitudes y la protección de los menores.
El II Congreso de Extranjería del ICAM ha celebrado este jueves su segunda jornada con un análisis de los desafíos jurídicos de la movilidad internacional, el teletrabajo y su fiscalidad, así como de las consecuencias prácticas de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las autorizaciones de residencia.
Bajo el título “El Derecho de Extranjería en transformación: ciudadanía, regularización y el nuevo marco migratorio europeo”, el encuentro reúne durante tres jornadas a representantes de la Administración y especialistas de la abogacía y otros ámbitos jurídicos. Tras una primera sesión centrada en la gestión territorial y el impacto de la regularización extraordinaria, las mesas de hoy han puesto el foco en la adaptación de los procedimientos a las nuevas formas de trabajo y en las garantías que deben orientar las decisiones administrativas.
Movilidad internacional: más expedientes, nuevas formas de trabajo y retos fiscales
La mesa “Movilidad internacional. Nuevos retos y especial mención al teletrabajo internacional y su tributación en España”, moderada por la abogada Mar Cid Velasco, contó con Luis Esteban Manzanares Fernández-Roldán, de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE); Ángeles González-Vigil, secretaria general del FEEX; y Felipe Rubio Cuadrado, jefe de Equipo Coordinador de Fiscalidad Internacional. Esteban Manzanares situó el crecimiento de la actividad de la UGE entre los principales retos: frente a los 102.000 expedientes del año pasado, la unidad prevé alcanzar los 145.000 en 2026, con los mismos recursos. En este contexto, señaló la automatización de comprobaciones y la consulta de datos de la Seguridad Social como vías para agilizar la tramitación.
El representante de la UGE, Luis Esteban Manzanares, advirtió también de la detección de documentación presuntamente manipulada en solicitudes de teletrabajadores internacionales y pidió a los profesionales extremar la revisión de los expedientes que presentan. Explicó que, en las renovaciones, se está prestando especial atención a la situación en la Seguridad Social y a las declaraciones tributarias para comprobar la actividad y los medios de vida. Asimismo, destacó la necesidad de acreditar que las funciones desarrolladas pueden realizarse efectivamente a distancia y abordó las posibilidades de transición hacia otras autorizaciones cuando cambia la actividad profesional.
La secretaria general del FEEX, Ángeles González-Vigil subrayó que la movilidad empresarial comprende hoy desplazamientos breves, expatriaciones híbridas, viajeros frecuentes y teletrabajo internacional, con necesidades que las normas actuales no siempre cubren adecuadamente. Reclamó una respuesta más ágil para los desplazamientos de técnicos por periodos inferiores a 90 días y una mayor coordinación entre los organismos que intervienen en el proceso. También insistió en que el asesoramiento debe integrar las obligaciones migratorias, laborales, fiscales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos, así como las responsabilidades que asumen empresa y trabajador.
Por su parte, Rubio Cuadrado, jefe de Equipo Coordinador de Fiscalidad Internacional, destacó que la residencia fiscal es un concepto autónomo respecto de la residencia administrativa y que su determinación no depende exclusivamente de los 183 días de permanencia, sino también del centro de intereses económicos. Su intervención abordó los convenios de doble imposición, las consecuencias tributarias del trabajo desarrollado desde España para empresas extranjeras y el régimen especial de impatriados. Sobre este último, recordó su carácter opcional y la necesidad de evaluar cada situación: “Hay que hacer números”, señaló, al explicar que sus ventajas dependen del nivel y tipo de renta y de las circunstancias del contribuyente.
Jurisprudencia del Supremo: decisiones individualizadas y mayor protección de los menores
La mesa “La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el Reglamento de Extranjería y con el Real Decreto sobre libre circulación de ciudadanos de la UE y sus familiares” reunió a Francisco Javier Durán Ruiz, jefe de la Oficina de Extranjería de Almería, y Juan Manuel Puerta Vílchez, jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de Granada, bajo la moderación del abogado Carlos Mora. Los ponentes analizaron los pronunciamientos sobre las ausencias del territorio español y distinguieron sus efectos sobre la extinción de una autorización de los requisitos exigidos para acceder a la residencia de larga duración, advirtiendo de que ambas situaciones no pueden equipararse automáticamente.
Uno de los ejes del debate fue la protección del interés superior del menor. Los intervinientes examinaron las correcciones del Supremo a determinadas restricciones del Reglamento, entre ellas la exclusión de menores casados, el reconocimiento de instrumentos de tutela constituidos en el extranjero y la necesidad de valorar las circunstancias que justifican una solicitud fuera de plazo o una salida del territorio nacional. Destacaron que estos supuestos requieren un examen concreto que evite que exigencias formales impidan una protección efectiva.
Respecto a los familiares de españoles, Durán y Puerta subrayaron que la jurisprudencia impide convertir la existencia de antecedentes penales en una causa automática de denegación en los supuestos analizados. Según explicaron, deben ponderarse el delito cometido, la situación personal y familiar y las consecuencias de la decisión para los derechos del ciudadano español. Durán insistió en la importancia de motivar suficientemente las resoluciones, un aspecto que identificó como determinante para su revisión judicial.
La mesa abordó también la acreditación de la dependencia económica de los ascendientes y precisó que los pronunciamientos examinados no eliminan con carácter general el requisito de estar a cargo. Los ponentes analizaron el supuesto del ascendiente que ya se encontraba en España cuando su familiar adquirió la nacionalidad española, así como las diferencias entre el régimen de familiares de españoles y el comunitario cuando se ha ejercido la libre circulación. El debate incluyó, además, la relación entre protección internacional y arraigo y el tratamiento del tiempo transcurrido como solicitante de asilo.
Coordinación institucional frente a la explotación laboral y el fraude documental
La mesa “Coordinación institucional en materia de extranjería: control de la regularidad documental y actuación inspectora”, moderada por el abogado Carlos Mora, reunió a Álvaro Romero Hernández, inspector-jefe y jefe de la Sección de Explotación Laboral y Fraude a la Seguridad Social, y Belén de Jorge Fuentes, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Ambos destacaron la colaboración entre la Inspección y la Policía Nacional para detectar situaciones de explotación e investigar redes de fraude mediante actuaciones conjuntas e intercambio de información. De Jorge explicó que el equipo que coordina en Madrid ha crecido desde 2021 hasta los 25 inspectores y subinspectores.
Los ponentes abordaron los incumplimientos de salarios, jornadas, Seguridad Social y prevención de riesgos que confluyen en la explotación laboral, que también puede afectar a personas en situación administrativa regular. Romero analizó las falsedades documentales, las empresas ficticias utilizadas para simular relaciones laborales y la captación en redes sociales mediante falsas ofertas de empleo o promesas de regularización. Entre los sectores de riesgo mencionaron la agricultura, la ganadería, la paquetería y el cuidado de mayores. Asimismo, De Jorge recordó la confidencialidad de las denuncias ante la Inspección, mientras que Romero explicó los canales policiales especializados y las diferencias entre infracciones laborales, delitos contra los derechos de los trabajadores y trata.
Como principal necesidad de mejora, ambos señalaron la insuficiencia de recursos de acogida para las víctimas de explotación laboral, especialmente para los hombres. De Jorge planteó un protocolo de atención inmediata en coordinación con los servicios sociales y las entidades especializadas. Romero advirtió de que la falta de alojamiento ha llegado a retrasar la salida de víctimas de los lugares donde estaban siendo explotadas, poniendo de relieve la importancia de ofrecerles protección y acompañamiento tras la intervención.
Pacto Europeo de Migración y Asilo: nuevos procedimientos y garantías en su aplicación
La mesa sobre la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, moderada por Marcelo Belgrano, coordinador de los servicios de orientación jurídica de extranjería del ICAM, contó con Gema M. Campillos González, subdirectora adjunta de Relaciones Institucionales e Información de Protección Internacional del Ministerio del Interior, y Francisco Ortiz, adjunto de Protección de ACNUR en España. Campillo explicó que el nuevo marco persigue un reparto más equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros y una tramitación más ágil que respete las garantías de los solicitantes. Destacó la diferenciación de los procedimientos y la reducción de los plazos de acceso a la jurisdicción, que obligan a adaptar la actuación profesional.
Ortiz puso el foco en la necesidad de que el triaje permita identificar vulnerabilidades, necesidades de protección y situaciones de apatridia, más allá de la mera recogida de datos. Subrayó la importancia de la asistencia jurídica desde esa fase y de la colaboración de la abogacía con ACNUR para detectar incidencias. También advirtió de disfunciones observadas en procedimientos fronterizos e insistió en vigilar los plazos y los cambios de procedimiento para preservar las garantías de las personas solicitantes.
El debate abordó asimismo la relación entre la denegación de asilo y los procedimientos de retorno, las dificultades de notificación y la adaptación de las herramientas informáticas. Campillo explicó los problemas para notificar resoluciones en Ceuta, mientras que Ortiz expresó su preocupación por el recurso al BOE y planteó la notificación a través de representantes debidamente designados como alternativa. Ambos analizaron también la transición entre marcos normativos: Ortiz precisó que las solicitudes iniciadas antes del 12 de junio siguen sujetas a la normativa anterior, incluida la posibilidad de interponer recurso de reposición.
Acceso al empleo: superar las barreras documentales y acompañar la integración laboral
Moderada por el abogado Mariano Calleja, la mesa sobre acceso al empleo y a la integración laboral de las personas refugiadas y de las víctimas de trata y de delitos sexuales reunió a Magdalena Queipo de Llano, abogada del eje jurídico de ACCEM, y Mariam García Uribelarrea, Jefa de Área de Orientación e Intermediación Laboral, DG del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Queipo de Llano destacó el empleo como vía de autonomía e inclusión y advirtió de que el desconocimiento empresarial de los documentos que habilitan para trabajar provoca el rechazo de candidaturas que podrían contratarse legalmente. Explicó los itinerarios individualizados de ACCEM, que combinan revisión documental, aprendizaje del idioma, formación, atención a la situación psicosocial e intermediación con las empresas.
García Uribelarrea expuso el trabajo de los servicios públicos de empleo con perfiles diversos, desde personas que necesitan reforzar sus competencias hasta profesionales cualificados pendientes de homologar sus titulaciones. Señaló que entre enero y septiembre de 2026 se habían desarrollado 792 itinerarios para solicitantes o beneficiarios de protección internacional y destacó 113 contratos derivados de ofertas gestionadas por la red de oficinas de empleo para este colectivo. También abordó los programas que combinan formación y trabajo remunerado, la acreditación de competencias y los incentivos a la contratación de determinados colectivos vulnerables, insistiendo en que las empresas están incorporando talento.
En el turno de preguntas, Miriam García Uribelarrea explicó un criterio reciente aplicado en Madrid que permite la inscripción como demandante de empleo durante los tres meses posteriores al vencimiento de la autorización, dentro del margen para solicitar su renovación o modificación. Asimismo, confirmó que las oficinas madrileñas tienen instrucciones para inscribir a las personas cuya solicitud de regularización extraordinaria haya sido admitida a trámite y que cuenten, por ello, con autorización provisional de residencia y trabajo. La ponente subrayó la importancia del trabajo en red con entidades y recursos sociales para que la protección y el acompañamiento se traduzcan en una autonomía efectiva.
Documentación de extranjeros: refuerzo de medios y dificultades para obtener la TIE
La mesa “Problemática actual en la documentación de las personas extranjeras”, moderada por la abogada Tamara Esteban Esteban, contó con Fernando Borrero Pachón, inspector-jefe de Documentación de Extranjeros de la Jefatura Superior de Madrid. El ponente explicó las medidas de refuerzo para afrontar el incremento de la demanda derivado de la regularización extraordinaria. En la Avenida de los Poblados, los equipos biométricos han pasado de 24 a 30 y las citas de expedición han aumentado de unas 400 a 600 por la mañana y de 250 a 400 por la tarde. También destacó la apertura en sábados, la ampliación del horario en San Felipe y la incorporación de personal interino.
Borrero abordó las dificultades para obtener cita de toma de huellas y señaló que, según la información de la que dispone, se trabaja para que pueda asignarse directamente tras una resolución favorable, aunque reconoció la complejidad de su aplicación en Madrid por el volumen de solicitudes. Ante las dudas sobre las tarjetas de las personas regularizadas, confirmó que se expedirán aunque resten menos de seis meses de vigencia de una autorización concedida por un año. También explicó que los errores de identificación o las duplicidades de NIE se subsanan mediante la coordinación con la UTEX.
La sesión permitió aclarar cuestiones sobre la asignación de NIE —que por sí sola no autoriza a residir ni a trabajar—, las prórrogas de estancia, las autorizaciones de regreso, las declaraciones de entrada y la acreditación del pago de tasas. El inspector-jefe precisó que, en principio, no es necesaria la presencia del ciudadano español o comunitario en la toma de huellas de su familiar, aunque se solicita su documentación identificativa. Asimismo, indicó que el empadronamiento no debe exigirse en los trámites de documentación de las autorizaciones acogidas a la Ley 14/2013 y reconoció la necesidad de seguir homogeneizando criterios entre las unidades.