El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer una jornada organizada por su Sección de Derecho Agroalimentario, en colaboración con la Sección de Derecho Laboral, bajo el título “Consecuencias de la reducción de la jornada laboral en la cadena agroalimentaria”. La sesión se centró en el análisis de los retos y oportunidades que la reforma laboral planteada por el Gobierno español supone para el sector agroalimentario.
La apertura corrió a cargo de Manuel Lamela Fernández, presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario, quien destacó la importancia de profundizar en las particularidades de la cadena agroalimentaria en el contexto de estas reformas. Lamela dio paso a un destacado panel de ponentes, compuesto por Ana Gómez Hernández, presidenta de la Sección de Derecho Laboral del ICAM; Alberto Peironcely Arbide, director de Asuntos Regulatorios de ASEDAS; y Ana Matorras Díaz-Caneja, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Pontificia Comillas.
Los expertos abordaron temas clave relacionados con la propuesta gubernamental de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, acompañada de un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Durante la jornada se analizó cómo estas medidas podrían afectar a la organización del trabajo, los costes salariales y la competitividad del sector agroalimentario, considerando sus características únicas como la estacionalidad y la dependencia de mano de obra intensiva.
Entre los puntos tratados destacaron la importancia de implementar un registro digital de las horas trabajadas para cumplir con las normativas laborales y evitar sanciones, así como la necesidad de un derecho transitorio que permita una adaptación gradual a los cambios legislativos. Además, se discutieron las implicaciones del aumento del SMI y la eliminación de la compensación salarial para las empresas del sector.
El debate permitió reflexionar sobre la mejor manera de encontrar un equilibrio entre las mejoras laborales y el mantenimiento de la productividad, destacando la importancia de minimizar los efectos adversos en las explotaciones agrarias y la industria alimentaria.
