El pasado 28 de octubre, la Sección de Consumo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró una jornada «Los préstamos multidivisa y el derecho de costas», en la que se abordaron cuestiones de máxima actualidad en el ámbito de la defensa de los consumidores. Este evento reunió a profesionales del derecho para profundizar en la problemática de la tasación de costas en procedimientos judiciales que implican cláusulas abusivas, con un enfoque especial en los préstamos multidivisa y el principio de efectividad de la Directiva 93/13.
La jornada contó con la intervención de Javier Orduña Moreno, exmagistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia; Patricia Gabeiras Vázquez, abogada; y Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.
Los asistentes debatieron sobre la situación actual y los retos que enfrentan los abogados en la tasación de costas, especialmente en procedimientos que afectan a los derechos de los consumidores. Entre las cuestiones planteadas, destacó la necesidad de argumentaciones sólidas frente a las interpretaciones restrictivas de los juzgados y la importancia de que estos reconozcan y respeten los derechos de los consumidores en casos de cláusulas abusivas.
Uno de los temas destacados por Javier Orduña fue el papel de los juzgados especializados en dar respuestas claras y concretas a estas problemáticas, instando a que se fomente un cambio en la inercia judicial hacia una interpretación que fortalezca el sistema de protección al consumidor y se respete el principio de efectividad del derecho europeo. Asimismo, se discutió la importancia de mantener el principio de seguridad jurídica, esencial en procedimientos que puedan afectar el orden público económico.
La jornada concluyó con una llamada a defender la dignidad de las personas frente a los abusos en los contratos de consumo, incluso cuando esto implique un aumento en la litigiosidad. Los ponentes coincidieron en que el principio de primacía del derecho europeo y la protección de los derechos de los consumidores son fundamentales para avanzar hacia un sistema más justo y armonizado.