La Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM celebró el pasado 24 de junio una jornada dedicada a una cuestión de plena actualidad para el sector farmacéutico: la prohibición de publicidad de medicamentos que, aunque han sido autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), aún no cuentan con una decisión definitiva sobre su financiación ni sobre su precio por parte del Ministerio de Sanidad.
Durante la sesión, moderada por Nuria Amarilla, presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico, se debatió ampliamente la disparidad de criterios que actualmente aplican las comunidades autónomas en esta materia. Mientras algunas administraciones interpretan que el Real Decreto 1416/1994 impide la publicidad de estos medicamentos a profesionales sanitarios hasta que exista un precio financiado, otras permiten su promoción siempre que se indique el precio notificado. Esta situación está generando una importante inseguridad jurídica en el sector, especialmente grave en el caso de los medicamentos huérfanos para enfermedades sin alternativas terapéuticas, ya que retrasar su conocimiento por parte de los profesionales sanitarios supone, en la práctica, retrasar también el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2025 parecía aportar una solución al aclarar que la publicidad dirigida a profesionales sanitarios puede realizarse siempre que se indique el precio disponible en ese momento, aunque no sea el precio financiado. Sin embargo, esta aparente seguridad se ha visto de nuevo cuestionada tras conocerse el contenido del Anteproyecto de Ley de Medicamentos, que introduce como infracción grave la publicidad de medicamentos aún no comercializados, reabriendo así el debate jurídico y regulatorio.
A lo largo de la jornada, expertos de primer nivel aportaron sus reflexiones sobre el impacto de esta normativa desde diferentes perspectivas. Raquel Ballesteros Pomar, abogada especializada en Derecho Farmacéutico, analizó en detalle los aspectos jurídicos más relevantes de la regulación actual y los límites que plantea. Ana Bosch Jiménez, directora del Departamento Jurídico de FARMAINDUSTRIA, trasladó la preocupación del sector sobre la falta de seguridad jurídica y la necesidad de contar con reglas claras que garanticen un entorno estable y previsible para las compañías farmacéuticas. Por su parte, Carlos Hernández Martínez-Campello, jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Madrid, subrayó la importancia de que los médicos puedan acceder a información actualizada y rigurosa sobre los medicamentos desde su autorización, para facilitar una adecuada formación y una prescripción informada.
También intervino Álvaro Lavandeira Hermoso, presidente del Instituto de Investigación y Formación en Salud y abogado de pacientes, quien puso el foco en las consecuencias reales que estas restricciones pueden tener sobre la salud de los pacientes, especialmente en el acceso temprano a medicamentos innovadores. Julia García-Royo Díaz, vocal asesora de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, completó las intervenciones con una visión desde la óptica de la competencia, destacando la necesidad de evitar barreras regulatorias que puedan limitar la libre competencia o generar desigualdades entre territorios.
Entre las principales conclusiones de la jornada, los ponentes coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una normativa más clara, coherente y armonizada, que garantice la seguridad jurídica de las empresas, la equidad territorial y el acceso rápido de los pacientes a nuevas opciones terapéuticas, todo ello en sintonía con la legislación europea.
