La Sección de Derecho Bancario del ICAM celebró ayer una jornada dedicada al Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, una reforma llamada a tener un impacto directo en la financiación de consumidores, entidades y operadores del mercado. La sesión, inaugurada por el diputado 2º de la Junta de Gobierno y presidente de la Sección, José Ramón Couso, reunió en el Salón de Actos del Colegio a especialistas del ámbito institucional, académico, financiero y profesional.
En su intervención inicial, Couso destacó la relevancia de una materia que “excede de lo legal, excede incluso de lo bancario y afecta a las economías domésticas”, al tratarse de una regulación que incidirá “antes o después en nuestra vida diaria, en la financiación a la que todos podemos acceder”. Asimismo, agradeció la participación de los ponentes y subrayó que la sesión cerraba un intenso ciclo de actividad de la Sección de Derecho Bancario, con diez jornadas y dos congresos celebrados durante el curso académico.
El diputado del ICAM puso también en valor el nivel de los especialistas reunidos en la mesa y recordó que, con esta sesión, “cerramos con una jornada, en mi opinión, la mejor de todo el curso académico”, quien calificó el encuentro como una oportunidad privilegiada para tomar el pulso a una reforma de gran alcance.
La primera intervención corrió a cargo de Pablo Sánchez Blanco, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, quien expuso los elementos básicos del Anteproyecto y explicó que la norma tiene por objeto transponer tanto la Directiva de crédito al consumo como la relativa a servicios financieros a distancia. Sánchez Blanco abordó cuestiones como la profesionalización de los oferentes, la reserva de actividad, el tratamiento de los créditos de alto coste, la mejora de la información al consumidor, el crédito responsable y la limitación de los tipos de interés. En este sentido, señaló que el objetivo del texto es “reforzar transparencia, mejorar la supervisión, aportar seguridad jurídica” y evitar que el consumidor se vea abocado a situaciones de endeudamiento excesivo.
A continuación intervino Jesús Sánchez García, abogado y exdecano del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, quien valoró el Anteproyecto como “un cambio de paradigma” y reclamó un esfuerzo adicional de claridad y pedagogía en la documentación contractual. En su intervención, advirtió de la excesiva complejidad de los contratos actuales de crédito, que en ocasiones alcanzan decenas de páginas, y defendió la necesidad de anexos sencillos, comprensibles y útiles para el consumidor. También puso el foco en la litigiosidad masiva, la transparencia en el crédito revolving, el vencimiento anticipado y la conveniencia de fijar parámetros claros que aporten seguridad jurídica tanto a consumidores como a entidades.
Por su parte, Alicia Agüero Ortiz, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, centró su exposición en el análisis técnico del Anteproyecto desde la perspectiva de la protección del consumidor financiero. Agüero examinó cuestiones como la reciente jurisprudencia europea sobre costes totales del crédito, los créditos vinculados, el vencimiento anticipado, los límites aplicables al crédito revolving y la regulación de los microcréditos o créditos de alto coste. La profesora planteó dudas sobre algunos aspectos del diseño normativo, como el plazo mínimo de tres meses en determinados créditos de alto coste, la configuración de la ficha de información contractual y los posibles efectos de la reforma sobre el mercado y sobre el acceso de determinados consumidores a financiación.
La última ponencia correspondió a Alejandra Martínez Pérez-Espinosa, directora de Public Policy España en Banco Santander, quien analizó el Anteproyecto desde la perspectiva de las entidades financieras y del mercado. Martínez Pérez-Espinosa destacó que el crédito al consumo representa ya el 6,7% del PIB y continúa creciendo, lo que evidencia la importancia de contar con un marco normativo equilibrado. En su intervención, valoró positivamente la calidad técnica de la propuesta legislativa, pero reclamó un plazo transitorio suficiente —de al menos seis meses— para que las entidades puedan adaptar sistemas, procedimientos, contratos, información precontractual y formación interna.
Martínez Pérez-Espinosa también se refirió a la importancia de evitar la fragmentación regulatoria en la transposición de la directiva, a la reserva de actividad como instrumento de profesionalización del sector y a la necesidad de ponderar la heterogeneidad de los distintos productos de crédito al consumo a la hora de establecer límites a los tipos de interés. Asimismo, dedicó parte de su exposición a la transparencia, defendiendo que la información al consumidor debe ser útil, comprensible y proporcionada, y advirtiendo de que la sobrecarga documental puede generar el efecto contrario al buscado. En este punto, subrayó el papel de la tecnología y de la educación financiera como herramientas esenciales para reforzar la protección de los consumidores.
Tras las intervenciones individuales, la jornada continuó con un turno de preguntas en el que se abordaron, entre otras cuestiones, los efectos de la falta de transposición de la directiva de servicios financieros a distancia, la aplicación del Anteproyecto a los préstamos en criptoactivos y los estándares de transparencia exigibles en la contratación de productos financieros. Los ponentes coincidieron en la necesidad de que la futura regulación combine protección al consumidor, seguridad jurídica, proporcionalidad y claridad normativa.
