El ICAM analiza la responsabilidad penal de las personas con trastorno mental y el papel del facilitador judicial

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada «La responsabilidad penal de las personas con trastorno mental. La visión de la judicatura», un encuentro organizado por la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM para abordar el impacto de las afecciones mentales en el ámbito procesal y punitivo.

La sesión fue moderada por los copresidentes de la Sección, los abogados Carlos Fernández Pascual y Ángel Bravo del Valle, y contó con las ponencias de Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Audiencia Nacional y Delegado de Discapacidad de dicho órgano, y Francisco David Cubero Flores, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y Delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Durante el encuentro, los ponentes desgranaron la tramitación de las causas penales seguidas contra personas con discapacidad psicosocial, haciendo hincapié en la necesidad de aplicar una perspectiva transversal basada en tres pilares: detectar la condición, comprender las barreras específicas del investigado y acordar los ajustes procedimentales oportunos. En este sentido, se repasaron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de organismos internacionales que obligan a los órganos judiciales y policiales a indagar de oficio estas circunstancias desde las primeras etapas del proceso.

Asimismo, la jornada profundizó en el estatuto y las funciones del facilitador judicial como figura clave para garantizar la comprensión y la accesibilidad cognitiva, así como en el uso del método de lectura fácil y la flexibilización de las solemnidades en las vistas. Por su parte, se analizaron los criterios jurisprudenciales relativos a la imputabilidad, la valoración de las eximentes y la aplicación práctica de las medidas de seguridad, apoyándose en supuestos reales enjuiciados por los ponentes. Por último, la sesión incluyó un coloquio dinámico donde se resolvieron dudas sobre la articulación de apoyos en sede judicial y la futura regulación de este colectivo profesional.

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