La Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado esta tarde una jornada bajo el título «Mirada crítica de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia», en la que se ha promovido una reflexión colectiva y práctica sobre los cambios introducidos por esta norma y su impacto en la jurisdicción social.
La Diputada de la Junta de Gobierno, Ester Mocholí, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y trasladar el compromiso del ICAM con el análisis riguroso de las reformas legales que afectan a la práctica profesional. A continuación, Ana Gómez, presidenta de la Sección, inauguró el acto destacando la necesidad de abrir espacios de debate donde la experiencia del día a día en los juzgados sirva de base para valorar la eficacia real de las nuevas medidas.
Con un formato dinámico de preguntas y respuestas, la abogada Rosario Romero, miembro del Consejo Asesor de la Sección, planteó a la Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Lucía Castellano Vázquez, diversas cuestiones clave que preocupan a los profesionales del Derecho Laboral tras la entrada en vigor de la Ley.
Entre los temas abordados destacaron:
- El cuestionamiento sobre la eficacia de señalar conciliación y vista en fechas distintas, y si esto contribuye o no a agilizar los procesos.
- La gestión de la prueba documental, en particular, cómo asegurar el traslado efectivo entre partes dentro del nuevo marco normativo.
- La aplicación práctica del artículo 82 de la LRJS y las dificultades para adaptarse a los criterios de señalamiento establecidos en la reforma.
Durante la sesión, se debatieron las principales novedades introducidas por la norma y se puso especial énfasis en:
- El impacto real en la eficiencia del sistema judicial laboral, con opiniones encontradas sobre si las reformas resuelven los problemas estructurales o simplemente suponen parches temporales.
- Los cambios en los procedimientos, como la transformación hacia un modelo híbrido que altera principios tradicionales como la oralidad o la concentración.
- La digitalización y el expediente judicial electrónico, cuyo desarrollo sigue generando dudas por la falta de instrucciones claras y la fragmentación en su implementación.
- Los retos prácticos para los profesionales, ante una normativa que, en ocasiones, parece generar más incertidumbre que soluciones efectivas.
Asimismo, se discutieron aspectos organizativos y de gestión judicial, la importancia de identificar correctamente los elementos controvertidos en los procedimientos, y se hizo un llamamiento a reforzar la formación continua y el diálogo entre todos los actores del sistema para afrontar con éxito los retos del nuevo marco legal.
