Bajo el título «Novedades en la regulación del despido colectivo: adecuación al derecho de la UE», la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer una jornada de actualidad sobre el despido colectivo, una institución clave en el ámbito del Derecho del Trabajo. Durante dos horas, destacados juristas y profesionales del sector se reunieron para debatir los recientes cambios regulatorios y judiciales que están marcando el futuro de esta figura.
La jornada fue inaugurada por Ana Gómez Hernández, presidenta de la Sección Laboral del ICAM y socia de Ceca Magán Abogados, quien moderó el evento. La ponencia principal corrió a cargo de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Mª Yolanda Sánchez-Urán Azaña, directora del Departamento de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, quien aportó su amplia experiencia académica y práctica para arrojar luz sobre los aspectos más controvertidos del despido colectivo.
En su intervención, Sánchez-Urán explicó cómo la regulación del despido colectivo ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, impulsada tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como por los desarrollos normativos internos. La ponente destacó la creciente litigiosidad en esta materia, derivada de la falta de alineación entre la normativa española y las interpretaciones del TJUE, particularmente en relación con los umbrales numéricos que determinan la obligatoriedad de tramitar un despido colectivo.
Durante el debate posterior, en el que los asistentes participaron activamente, se subrayaron los problemas que la actual normativa plantea en la práctica. Ana Gómez, presidenta de la Sección, explicó que «el caos normativo actual está generando una importante inseguridad jurídica, tanto para las empresas como para los trabajadores», y añadió que, en la práctica, las empresas que no contemplen adecuadamente los ceses de personal dentro de los umbrales establecidos corren el riesgo de enfrentarse a demandas de nulidad por parte de los trabajadores afectados.
La jornada ofreció un enfoque integral sobre la importancia de adaptar la legislación española a los estándares del Derecho de la Unión Europea, dejando claro que el despido colectivo sigue siendo un campo sujeto a interpretaciones y clarificaciones judiciales.
