Esta mañana, la Sección de Medioambiente y Clima del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en colaboración con el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), ha celebrado una jornada para debatir sobre cómo proteger jurídicamente el sistema climático en un Estado de derecho. Este evento fue especialmente relevante dado el reciente contexto internacional, donde el Parlamento Suizo aprobó una moción para no cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Klimaseniorinnen.
Durante la jornada, se destacó cómo la degradación ambiental afecta directamente derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y el acceso al agua, impactando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Este reconocimiento, que los tribunales han venido haciendo desde hace décadas, llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar en 2022 el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Durante el encuentro se subrayó que el calentamiento global, una de las principales causas de esta degradación, también interfiere en el disfrute de estos derechos y, para protegerlos, es esencial contar con «derechos climáticos» y mecanismos jurídicos que promuevan la acción climática tanto del sector público como del privado.
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Santiago Garrido, miembro del Consejo asesor de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM y socio en Gómez-Acebo & Pombo. En su discurso inicial, Garrido destacó la importancia de los mecanismos legales para la defensa del clima y los derechos humanos en la Unión Europea y en España.
La primera sesión, moderada por Garrido, incluyó la presentación del informe del proyecto DACE titulado «Derechos Climáticos: mecanismos jurídicos de defensa del clima en España», publicado por IIDMA. La presentación del informe fue realizada por Ana Barreira, presidenta de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM y directora fundadora del IIDMA. Barreira expuso los principales hallazgos del informe, subrayando la necesidad de aplicar correctamente los derechos climáticos tanto por el sector público como el privado. Posteriormente, Natalia Kobylarz, abogada sénior en la Secretaría del TEDH, abordó los litigios climáticos desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, destacando la importancia de la jurisprudencia reciente en este ámbito.
En la segunda sesión, moderada por Ana Barreira, se discutieron en profundidad los derechos climáticos y los mecanismos jurídicos para la defensa del clima en España. Los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y participar en un animado debate sobre los temas tratados. En primer lugar, intervino Ana Martínez-Pina, socia de Gómez-Acebo y Pombo, área ESG con una presentación sobre las obligaciones del sector privado en el reporte de los riesgos climáticos y ambientales. También participó en esta mesa redonda Miguel Fernández Benavides, Asociado Senior de Ontier, abordando el derecho al servicio del medio ambiente Derechos de los consumidores frente al cambio climático.
La jornada proporcionó una plataforma para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de estrategias jurídicas eficaces, contribuyendo así a la defensa y promoción de un medio ambiente sano, limpio y sostenible.
