La Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, en colaboración con la Fundación AMAI TLP y Aequitas, celebró el pasado 9 de junio las XVI Jornadas Técnicas AMAI TLP – Charlas Jurídicas, un encuentro ya consolidado como espacio de referencia en el análisis de los retos normativos y sociales que afectan a las personas con discapacidad psicosocial.
El evento tuvo lugar en la sede colegial y reunió a cerca de un centenar de personas de forma presencial, además de superar los 150 espectadores en su retransmisión en directo, confirmando así el creciente interés en torno a la protección jurídica en el ámbito de la salud mental.
Bajo la moderación del periodista Ricardo Martín, director del programa Salud Mental y consultor de comunicación, la jornada ofreció cuatro ponencias de alto nivel jurídico a cargo de profesionales con una destacada trayectoria en el ámbito de la discapacidad y el Derecho:
- José Luis Castro-Girona, abogado del ICAM y colaborador de la Fundación Aequitas, abordó las nuevas medidas de apoyo derivadas de la Ley 8/2021, que ha supuesto un cambio de paradigma legal hacia la promoción de la autonomía y los apoyos individualizados.
- José Luis Gutiérrez, doctor en Derecho y experto en salud mental, profundizó en la figura del guardador de hecho, destacando la necesidad de mayores garantías jurídicas en su regulación.
- Ángel Bravo del Valle, copresidente de la Sección organizadora y abogado especializado en discapacidad, centró su intervención en el papel del facilitador procesal, figura clave para adaptar el lenguaje y los procedimientos a las necesidades de las personas con discapacidad.
- David Cubero, magistrado y Delegado de Discapacidad del CGPJ en el ámbito del TSJ de Madrid, ofreció una mirada experta sobre el Derecho Penal y las personas con discapacidad, planteando los desafíos actuales en la protección de derechos fundamentales, especialmente cuando estas personas actúan como testigos, víctimas o acusadas.
Buenas prácticas, diálogo y compromiso
La jornada no solo permitió actualizar conocimientos normativos, sino también compartir buenas prácticas ya implantadas en el ámbito judicial, demostrando que avanzar hacia un modelo legal más inclusivo es viable y necesario.
Durante el turno de preguntas, se generó un rico diálogo entre ponentes y asistentes, entre los que se encontraban numerosos familiares y personas afectadas. Este intercambio de experiencias reforzó el valor de una colaboración interdisciplinar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
