La letrada Helena Villena Romera ganó el Premio Secciones 2020 en la Sección de Comunicación y Derecho con su trabajo “La transparencia pública como obligación legal y vía de comunicación entre la Administración y el ciudadano”.
Desde que el 14 de marzo de 2020, se publicase en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la palabra “transparencia” unida al ejercicio de la función pública no ha cesado de cobrar protagonismo. A partir de entonces, se suceden titulares tales como “La Transparencia ha sido otra de las víctimas del coronavirus” (ABC, 11 de agosto de 2020) o “El Consejo de Transparencia ordena a Sanidad desvelar los nombres de su comité de expertos” (elDiario.es, 30 de noviembre de 2020). En el contexto actual cabe plantearse: ¿ha superado nuestro régimen sobre transparencia pública la prueba de la COVID-19? Para poder responder a dicha cuestión, resulta imprescindible realizar un repaso por el régimen legal existente en materia de transparencia pública, con especial mención a la norma estatal básica en la materia (la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), y cómo ésta ha sido aplicada en España en los últimos años, repasando el papel que juegan el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y nuestros órganos jurisdiccionales a este respecto. Con ello en mente es como puede concluirse que la transparencia pública es el arma más eficaz contra las conocidas como fake news, y que éstas se han encontrado con una transparencia pública en momentos inexistente durante la crisis de la COVID-19. A la transparencia pública le queda aún un largo camino por recorrer para superar la prueba de la COVID-19, en el que jugarán un papel clave la Comunicación y el Derecho.