La Sección de Derechos Humanos del ICAM aborda los desafíos de la IA: metaverso, datos y redes sociales

La Sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid organizó ayer una jornada titulada “Desafíos de los derechos humanos en la era de la Inteligencia Artificial: metaverso, tratamiento de datos y redes sociales”.

La copresidenta del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM, Maite Parejo, fue la encargada de inaugurar la sesión, seguida por una mesa de diálogo en la que participaron Elena García-Antón Palacios, abogada, profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos, y Erika Torregrossa Acuña, copresidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM, quienes debatieron sobre los retos que plantea la inteligencia artificial en la protección de los derechos fundamentales.

Durante la jornada, se puso de manifiesto la necesidad de que la inteligencia artificial respete principios éticos y jurídicos, preservando la dignidad y la intimidad de las personas ante fenómenos como las aplicaciones masivas de datos, los deepfakes y el uso extendido de redes sociales. Uno de los principales focos del debate fue la preocupación por si la regulación actual, incluida la normativa del RGPD, es suficiente para afrontar estos desafíos, especialmente en la protección de menores y la utilización de tecnologías como la identificación biométrica o el reconocimiento facial.

Elena García-Antón alertó sobre los riesgos de las redes sociales, subrayando que cada vez que firmamos un contrato con ellas, nos sometemos a sus normas. “A menudo, aceptamos los términos de uso sin leerlos detenidamente”, señaló, destacando que las funcionalidades de las aplicaciones pueden estar limitadas en función de los datos cedidos o los pagos realizados por versiones premium.

Además, se abordó el tema de las grandes corporaciones que manejan nuestros datos y el desafío de garantizar la defensa de los derechos fundamentales en un mundo globalizado. Las ponentes coincidieron en que, en un estado democrático, debe existir un procedimiento claro para proteger estos derechos, independientemente de la ubicación de las empresas que los vulneren.

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