La Sección de Derecho Procesal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer una destacada jornada en su Salón de Actos para analizar en profundidad la reforma procesal civil y penal y en materia de digitalización llevada a cabo por el “RDL Omnibus”, el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Presidida por Nicolás Gonzalez-Cuellar Serrano, Presidente de la Sección de Procesal, la jornada contó con la participación de expertos en la materia como Jesús González García, catedrático de Derecho Procesal; Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, abogado y ex magistrado del Tribunal Supremo; y Javier de la Cueva, abogado, que ofrecieron valiosas intervenciones sobre el Real Decreto-Ley 6/2023.
Al término de la jornada, el presidente de la Sección, Nicolás González Cuellar, compartió las conclusiones obtenidas durante la sesión y expresó su preocupación sobre la utilización del Real Decreto-Ley para abordar la digitalización de la Justicia y las reformas del proceso penal y civil. Destacó que esta fórmula no está permitida por el artículo 86 de la Constitución para este tipo de cuestiones por la inexistencia de una excepcional y urgente necesidad.
González Cuellar señaló que en este RDL la digitalización se aborda de una manera “preocupante” y planteó sus inquietudes sobre cómo afecta a la división de poderes y los derechos de la ciudadanía. Además, calificó este Real Decreto-Ley como un «cajón desastre» debido a la falta de orden y coherencia en las reformas del proceso penal y civil.
En sus conclusiones, el presidente de la Sección afirmó que los temas tratados en el RDL requerían una mayor reflexión y haber seguido el trámite parlamentario ordinario, desde la perspectiva de un debate democrático. En este sentido, consideró que el Gobierno “ha tratado de incluir aquí muchas disposiciones que estaban en los proyectos de eficiencia digital y de eficiencia procesal, pero lo ha hecho de un modo que va a ocasionar más problemas de los que resuelve”.