Será a través de la nueva sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, inaugurada ayer por el secretario de Estado de Infancia y Juventud, quien solicitó la implicación del ICAM en la iniciativa legislativa que impulsará previsiblemente el Gobierno en las próximas semanas
Lo adelantó el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, durante la puesta de largo de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, presidida por la abogada Ana Caballero, experta en transición digital y con un amplio Consejo Asesor encabezado por la vicedecana Isabel Winkels y la directora de la AEPD, Mar España, además de otros doce expertos: el Gobierno anunciará este martes la aprobación en las próximas semanas de una Ley Orgánica de Protección al Menor en el Entorno Digital.
Para Pérez, que cerró el acto de presentación de dicha Sección, el momento es complicado y los números son dramáticos: “los delitos cometidos por menores superan el 116% según la Fiscalía y los menores acaban viendo pornografía cuando navegan sin ningún control”.
Desde su punto de vista, será clave el papel de instituciones como el ICAM y su Sección de Infancia y Adolescencia, que quiere que se implique en esta iniciativa. “Tenemos que buscar el consenso político para trabajar y frenar esta lacra”, declaró. Es previsible que en el Consejo de Ministros de este martes se avance algo sobre dicha futura normativa en la que participará la sociedad civil y varios ministerios.
“Nosotros queremos una ley integral que recoja todos aquellos aspectos donde la vulnerabilidad de los menores se ve sobre todo que tiene que ver con los accesos a redes y con los accesos a pornografía infantil, y esto va a ser el gran corpus normativo que nuestro ministerio quiere lanzar”, señaló Pérez.
Para ello, el secretario de Estado se refirió a necesidad de alcanzar “un acuerdo intergeneracional de país que plantee como una medida de Estado la protección de los menores ante los entornos digitales, con todas las casuísticas que esto implica, con toda la normativa que seguramente tendremos que modificar y también con la creación de e nueva normativa”.
En ese sentido, reconoció que “urge poner en marcha un plan de trabajo que tendrá como base la LOPIVI aprobada hace tres años, en el que estén inmersos varios Ministerios, como Sanidad, Interior o Educación, donde llegar a un acuerdo con las distintas CCAA con competencias transferidas para trabajar en la misma dirección que ha hecho hasta ahora la sociedad civil que ha encabezado la propuesta de un Pacto de Estado en favor del interés superior del menor”.
“Queremos posicionar al ICAM como una referencia en la defensa de los derechos de los menores. Porque la abogacía somos quienes percibimos en un primer momento las anomalías y carencias, es fundamental que el Colegio lidere la regulación hacia un entorno digital más seguro, aportando perspectiva jurídica y práctica en beneficio de los niños, las niñas y los adolescentes y, con ello, de la sociedad en general”, afirmó el Decano Eugenio Ribón, en la inauguración del acto, donde también puso en valor la transcendencia de esta Sección: “no es una sección que solo hable del presente de las normas, en esta sección estamos abordando el futuro”.
En esa misma línea se pronunció Isabel Winkels, vicedecana del ICAM, recogiendo el guante lanzado por el secretario de Estado: “Es un momento en el que debemos de trabajar unidos para una mejor protección del menor en estos entornos digitales. Nos jugamos mucho, la salud mental de toda una generación, y tenemos que trabajar de forma coordinada. A este respecto sabemos que el trabajo de Ana Caballero y su Comité Asesor será clave para ello”.
El Pacto de Estado es necesario
Para avanzar en todo ello, el ICAM considera imprescindible que se articule un Pacto de Estado: “No estamos ante una cuestión de políticas, de ideologías y de partidos. Se trata de una cuestión de Estado que tiene que transcender a la lucha partidista”, resaltó el Decano, Eugenio Ribón.
Para la presidenta de la nueva Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, una de las impulsoras de ese gran acuerdo de país desde su puesto como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, “el hecho de que sea necesario un Pacto de Estado en el que participen todos los partidos políticos es porque es la fórmula para que perduren los acuerdos que se adopten. Preferimos que esas medidas sean de consenso, que sea un acuerdo social y un acuerdo de partidos, porque entendemos que el interés del menor está por encima de cualquier partido político y de cualquier ideología”.
Respecto a la futura ley, Caballero subraya como elementos más destacados a tener en cuenta la responsabilidad de todos los agentes implicados, principalmente la industria, la verificación de edad, el etiquetado del contenido, la ética algorítmica para verificar que no hay sesgos ni discriminación en el entorno del menor, la información, el control parental y la educación.
En su turno, Caballero presentó a los integrantes del Comité Asesor de la nueva Sección, formado por juristas, académicos, especialistas en tecnología y políticas públicas, psicólogos o pediatras.
Como integrante de ese “Comité de sabios” de la sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, la directora de la AEPD, Mar España, desglosó algunos de los desafíos más acuciantes, como “regular y proteger de una manera efectiva el evitar publicidad a menores; garantizar efectivamente que a los contenidos de adultos solo acceden los mayores de edad; concienciar en la responsabilidad civil, penal y administrativa por un uso inadecuado de la tecnología, o algo que es clave: proteger el neurodesarrollo de la infancia”.
Sobre este último punto, recordó que “estamos hablando de que el cerebro no madura hasta los 25 años, que las tecnologías impactan directamente en la salud física, emocional, mental y social, y que el bien más sagrado de una sociedad es el cerebro y el corazón de los jóvenes y eso es algo que se está distorsionando gravemente con un uso inadecuado de la tecnología”.
El uso de la tecnología entre menores y adolescentes es considerado ya un auténtico “problema de salud pública”, explicó la directora de la AEPD, organismo que está ultimando un sistema de verificación de la edad en colaboración con la CNMC y la FNMT “que debe ayudar a frenar este tipo de consumo compulsivo del porno”. A este respecto, anunció que la AEPD será inflexible con las webs porno que no verifican la edad de los menores, y puso como ejemplo una sanción de 525.000 euros impuesta a una empresa asturiana propietaria de cinco webs de contenido pornográfico por la utilización ilícita de datos personales y otras irregularidades, como no disponer de mecanismo que permita verificar que el usuario que se pretende registrar tiene más de 14 años pero menos de 18. “Sabemos que no han cambiado el sistema y volveremos a sancionarles si hiciera falta”, apuntó.
Perspectiva europea
Por su parte, el coordinador del Intergrupo de Derecho de la Infancia del Parlamento Europeo, Emilio Puccio, recordó que el problema de los menores en Internet es algo que se ve con preocupación en toda la UE, “nos preocupa proteger el interés superior del menor”. Así, recordó que desde Bruselas se van a incorporar ciertos artículos en la Digital Services Act, (DSA) para un mejor control de los contenidos en Internet, así como definir una Estrategia Digital sobre el menor y aprobar en el futuro un Reglamento contra los Abusos Sexuales en Internet.
Desde esta perspectiva, recordó que “la UE sigue de cerca el trabajo que hace Mar España al frente de la AEPD, con la que ya hemos intercambiado conocimientos, por el sistema de verificación de la edad que están ultimando de desarrollar”. Al mismo tiempo comentó que Europa “ha decidido apostar por una legislación sectorial para la protección de los menores ante el crecimiento de los delitos digitales. Los artículos 34 y 35 de la DSA obligarán a las plataformas digitales a una evaluación de sus riesgos digitales relacionados con los menores como colectivos vulnerables que son”.
Respecto al citado Reglamento sobre Abusos Sexuales, recordó que “se encuentra en fase de discusión y cuando se apruebe será el primer ordenamiento jurídico que obligue a las empresas a detectar y reportar el material pornográfico que les llegue a estas plataformas incluso a nivel publicitario de terceros. Este debate se alargará en el tiempo porque aun no hay consenso en el Parlamento Europeo de las herramientas que se van a utilizar para detectar ese tipo de contenido pornográfico”.
