La Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha organizado hoy la jornada titulada «Acciones colectivas: cuestiones registrales, procesales y bancarias».
El evento, celebrado en el Salón de Actos del ICAM, reunió a destacados expertos del ámbito bancario para abordar temas cruciales en el panorama actual.
La jornada fue moderada por José Ramón Couso, Presidente de la Sección de Derecho Bancario y Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, y contó con la participación de distinguidos ponentes, entre ellos Jesús Sánchez, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Javier Orduña Moreno, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y ex Magistrado del Tribunal Supremo.
Los temas abordados durante la jornada giraron en torno a la reciente Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, que trata sobre las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Aunque esta directiva aún no ha sido trasladada a nuestro ordenamiento nacional, ha generado un profundo debate sobre la insuficiencia de la regulación española actual y su aplicación práctica.
Uno de los puntos álgidos de la jornada fue la discusión sobre el Anteproyecto del que informó el CGPJ en abril de este mismo año, que propuso el modelo «opt-out» para la tutela colectiva resarcitoria. Sin embargo, también se exploró el modelo «opt-in» o de inclusión voluntaria que, en el marco de la Directiva, ofrece posibilidades y efectos legales alternativos.
Entre los expertos que compartieron sus perspectivas se encontraban María Peco de la Asesoría Jurídica de la AEB; Rocío Perteguer Prieto, Registradora de la Propiedad y Mercantil y Directora del Servicio de Medio Ambiente, Consumidores y Usuarios en el Colegio Nacional de Registradores; y Elisabeth Valencia Ortega, de la Asesoría Jurídica Contenciosa de CaixaBank.
La jornada ofreció un punto de encuentro para reflexionar sobre los pros y contras de los modelos «opt-out» y «opt-in», así como para abordar cuestiones cruciales como la regulación de la financiación por terceros de los litigios, la trasposición de la Directiva en el Derecho Comparado, los problemas registrales evidenciados por el Anteproyecto, y la importancia de limitar o mitigar posibles conflictos de intereses que puedan perjudicar a los consumidores.
