Dotar de coherencia técnica, humanidad y seguridad jurídica la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería. Reforzar los recursos humanos y tecnológicos de las oficinas administrativas. Homogeneizar criterios para evitar desigualdades. Garantizar las garantías procesales en los procedimientos sancionadores y de expulsión. Coordinar eficazmente a las instituciones. Aplicar un enfoque victimocéntrico frente a la trata. Y asegurar, en definitiva, el acceso real a los derechos por parte de las personas migrantes, son algunas de las conclusiones que deja el I Congreso de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), clausurado hoy tras dos jornadas de intenso análisis jurídico y diálogo institucional.
El acto de clausura, celebrado este mediodía en el Patio de la Biblioteca del Colegio, ha contado con las intervenciones del diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable del área de Extranjería, Emilio Ramírez; el abogado y coordinador académico del Congreso, Carlos Mora; y el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero. En sus intervenciones, destacaron que el nuevo marco reglamentario exige no solo rigor técnico y coordinación, sino también empatía, escucha y un enfoque que entienda la extranjería como un proceso de integración, no como un simple trámite. En ese proceso, subrayaron, la abogacía actúa como bisagra y refugio: traduce el lenguaje de la administración al de la vida cotidiana y evita que un error formal trunque un proyecto vital.
Adaptar el sistema a la realidad social
Una de las primeras mesas del Congreso puso el foco en la aplicación práctica del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que ha generado un notable incremento de solicitudes en figuras como el arraigo social, laboral y familiar. Desde las oficinas de extranjería se alertó sobre el impacto de estos cambios en la carga de trabajo y la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, mejorar la atención al público y avanzar en la adaptación técnica e informática del sistema. Desde la abogacía se insistió en la importancia de homogeneizar criterios y garantizar la igualdad de trato, reclamando un esfuerzo institucional para asegurar una implementación eficaz, ágil y humana del nuevo marco normativo.
El auge del talento internacional exige seguridad jurídica
La mesa dedicada a la Ley 14/2013 y a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos puso sobre la mesa la creciente complejidad de los procedimientos para la atracción de talento internacional. Se analizaron figuras como la tarjeta azul, el visado para teletrabajadores y los permisos para profesionales altamente cualificados, subrayando la necesidad de armonizar criterios, automatizar procesos y reforzar los mecanismos de prevención del fraude. La abogacía reclamó una mayor colaboración interadministrativa y una actualización continua de los marcos jurídicos que permita responder a las nuevas realidades del mercado laboral.
Procedimientos de expulsión: proporcionalidad y garantías
En la mesa dedicada a los procedimientos sancionadores y de expulsión se reclamó una aplicación proporcional del derecho administrativo sancionador, alineada con los estándares del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. Se insistió en la necesidad de reforzar la coordinación entre Policía Nacional, Delegaciones de Gobierno y abogacía, así como en garantizar una correcta notificación a los letrados que permita el ejercicio efectivo del derecho de defensa desde el primer momento. También se propuso una revisión de los protocolos de actuación en comisarías, especialmente en lo relativo al acceso de los abogados a las personas detenidas.
Trata de seres humanos: formación, especialización y enfoque victimocéntrico
Una de las mesas más relevantes del Congreso abordó la persecución penal de la trata de seres humanos y su vinculación con los procedimientos de extranjería. Se denunció la fragmentación de criterios, la existencia de barreras probatorias y la necesidad de garantizar un enfoque victimocéntrico. Los ponentes coincidieron en reclamar formación específica para jueces, fiscales y abogados, así como la elaboración urgente de protocolos claros de actuación mientras se desarrolla la ley integral contra la trata. También se cuestionó el reciente cambio competencial que atribuye estos delitos a los juzgados de violencia de género, advirtiendo del riesgo de inseguridad jurídica ante la falta de especialización en crimen organizado.
Personas con discapacidad: hacia un estatuto de residencia garantista
El nuevo régimen de residencia para familiares de personas españolas con discapacidad fue objeto de análisis en otra de las mesas. Se valoró positivamente la sistematización normativa que introduce el Reglamento, aunque se alertó sobre la falta de desarrollo reglamentario en puntos clave como la acreditación del vínculo o el concepto de carga familiar. Se reclamó una aplicación pro persona, con criterios flexibles y humanitarios, y se exigió una coordinación eficaz entre consulados, fiscalías e instituciones para evitar perjuicios derivados de demoras o interpretaciones restrictivas.
Nacionalidad, estudiantes y protección internacional
El bloque final del Congreso abordó la nacionalidad por residencia, los visados de estudios y la protección internacional. Se reclamó una mejor coordinación entre los diferentes actores administrativos, más seguridad jurídica y una aplicación coherente y no restrictiva de los requisitos de integración. En materia de nacionalidad, se subrayó la necesidad de corregir errores detectados en la aplicación de los criterios de plazos por parte de la Subdirección General. En protección internacional, se analizó el futuro marco europeo y se exigió que las renovaciones se basen en valoraciones jurídicas individualizadas, no en meros antecedentes policiales. En materia de estudiantes, se propuso la creación de un registro oficial de centros y se subrayó la necesidad de unificar criterios entre consulados y oficinas de extranjería.
Una abogacía comprometida con la integración
El Congreso cerró con un mensaje compartido por todas las mesas: la extranjería no puede gestionarse solo con una mirada técnica o burocrática. La integración es un proceso complejo, que exige respuestas profesionales con formación, empatía y compromiso. Y la abogacía de extranjería —desde los grandes despachos hasta los letrados del Turno de Oficio— es un actor clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos, acompañar a las personas migrantes en sus procesos vitales y asegurar que el Derecho sirva como puente, no como obstáculo.