- El Colegio de la Abogacía de Madrid inaugura su I Congreso de Familia y Sucesiones reclamando una estructura judicial adaptada a la complejidad de los conflictos familiares y denunciando los obstáculos que generan los nuevos mecanismos de resolución extrajudicial.
- “Tenemos que tener claro cuál es nuestro fin común: la defensa de los intereses de los menores, que son los más vulnerables en estos procedimientos”, afirma Isabel Winkels, vicedecana del ICAM
“Aquí no venimos solo a hablar de leyes, venimos a hablar de personas.” Bajo esa premisa, y con el objetivo de reforzar la especialización y humanizar la respuesta judicial ante los conflictos familiares, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha inaugurado esta mañana el I Congreso de Familia y Sucesiones, un encuentro que reúne en la sede colegial a magistrados de primera instancia, Audiencias, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto a decenas de profesionales del ámbito jurídico y académico.
En un contexto marcado por la progresiva entrada en vigor de los nuevos Tribunales de Instancia, el ICAM ha reivindicado una estructura judicial especializada en familia, infancia y capacidad en todos los Tribunales, y ha alertado sobre los efectos adversos que los MASC están produciendo en procedimientos con menores, al ralentizar los procesos y generar obstáculos añadidos al acceso efectivo a la justicia.
Durante la inauguración, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reivindicó una concepción de esta especialidad jurídica alejada de automatismos burocráticos y centrada en las personas. “El Derecho de Familia no puede gestionarse en serie ni con procedimientos industriales. Porque en cada caso está en juego un modelo vital, afectivo y humano distinto”, afirmó.
Ribón alertó contra la tentación de abordar los procedimientos familiares con fórmulas estandarizadas, reclamando una respuesta jurídica adaptada a la singularidad de cada situación. “El Derecho de Familia no es una rama del Derecho. Es un Derecho con ramas, tronco y raíces. Y no se estudia solo en tratados: se aprende en la carne viva del dolor, de la ruptura, del miedo o la esperanza”, sostuvo, subrayando que la técnica jurídica, por sí sola, no basta sin una mirada atenta al contexto emocional y relacional de los conflictos.
El decano insistió en que avanzar hacia una justicia más humana y especializada no es solo una opción política o académica, sino una responsabilidad institucional que compromete a toda la comunidad jurídica. “Defender el Derecho de Familia es también defender el derecho a una Justicia más humana. Y esa tarea nos interpela a todos”. Precisó que una de las reivindicaciones del ICAM es la regulación de la figura del defensor del menor, que estaba siendo objeto de diálogo con la Comunidad de Madrid para su implantación.
Especialización judicial y alerta sobre los efectos de los MASC
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, centró su intervención en la necesidad urgente de dotar al Derecho de Familia de estructuras judiciales especializadas en el marco de la nueva planta judicial desplegada con la Ley de Eficiencia. “Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí somos perfectamente conscientes de que es necesario —cada vez más necesario— especializar ya secciones en todos los nuevos tribunales de instancia: especialización en familia, infancia y capacidad”, afirmó.
Respecto a la actual fase de implantación de los Tribunales de Instancia, Winkels subrayó que esta transformación organizativa debe venir acompañada de una verdadera especialización funcional, “para que el nuevo modelo no se quede en una reforma orgánica, sino que se traduzca en una mejora efectiva en la atención a los menores y a las familias”, como de hecho ha empezado ya a hacer el CGPJ.
En este contexto, lanzó una advertencia sobre los riesgos que entraña la aplicación de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) en procedimientos de familia con incidencia en menores. “Están ralentizando los procedimientos y generando obstáculos incluso antes de que se alcance un acuerdo”.
Winkels denunció que la exigencia de acreditar la negociación previa está provocando efectos contraproducentes. “Los abogados y abogadas negociamos. El 80 % de los conflictos familiares se resuelven por acuerdo, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero nos exigen no solo que tengamos capacidad de negociación, sino que la acreditemos. Y esos modos de acreditar esa negociación son los que están generando problemas serios”, señaló.
Por otro lado, destacó que el MASC como requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia internacional constituye una auténtica denegación del acceso a la justicia, ya que no existe en ningún otro país como tal requisito, y al enviar un MASC a un abogado o abogada de otro país, que tenga también competencia judicial internacional para conocer el asunto, interpondrá de inmediato su demanda y ganará la competencia con base en el prior tempore potior iure.
Finalmente, bajo los tres principios que han orientado históricamente su aproximación al Derecho de Familia—especialización, formación continua y apoyo mutuo—, la vicedecana del ICAM avanzó los compromisos que orientarán esta nueva etapa: reforzar la exigencia de especialización, consolidar una formación actualizada y permanente, y fortalecer los lazos entre compañeros. “Los clientes pasan, los compañeros quedan. Y tenemos que tener claro cuál es nuestro fin común: la defensa de los intereses de los menores, que son los más vulnerables en estos procedimientos”.
En esta misma línea, la presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, subrayó la dimensión profundamente humana de esta rama del Derecho. “El Derecho de Familia no va solo de leyes ni de patrimonios, sino de personas: de abogados que escuchan, de jueces que comprenden, de hijos, padres y parejas que buscan recomponer su vida”, afirmó, reivindicando la necesidad de construir confianza entre todos los operadores jurídicos que acompañan a las familias en momentos difíciles. Y si algo caracteriza a esta especialidad, concluyó, “es que cada día nos recuerda que, detrás de cada caso, hay una historia humana que merece respeto”.
Humanizar la Justicia
En representación de la Comunidad de Madrid, la viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín García-Matos, puso en valor la labor de todos los operadores jurídicos implicados en el ámbito de familia —abogados, jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales— y expresó el reconocimiento del Gobierno regional hacia una especialidad que “coloca en el centro a la familia, piedra angular de nuestra sociedad y de nuestro ordenamiento jurídico”.
En su intervención, repasó algunas de las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en defensa de la infancia y la familia: desde el acogimiento residencial o familiar para menores en situación de vulnerabilidad hasta los programas de reinserción de adolescentes con medidas judiciales, pasando por medidas fiscales y ayudas específicas, como la futura ley de reconocimiento al concebido no nacido.
En el plano judicial, destacó los esfuerzos del Gobierno regional por humanizar la Administración de Justicia mediante la adecuación de infraestructuras, la habilitación de salas infantiles y la expansión de las cámaras Gesell para evitar la revictimización. Solo en los seis primeros meses de 2025, se han realizado 147 pruebas preconstituidas en alguna de las 16 cámaras disponibles en los juzgados madrileños. Esta línea de acción culminará con la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyas obras acaban de comenzar, y que triplicará el número de cámaras Gesell actuales.
Para concluir, reivindicó una justicia centrada en los más vulnerables: “Si somos capaces de garantizar que cada niño que entra en un juzgado se sienta protegido, escuchado y comprendido, estaremos cumpliendo con la esencia más noble del Derecho”.
Cinco grandes retos para un Congreso
El I Congreso de Derecho y Familia y Sucesiones del ICAM —que agotó todas las plazas disponibles a los pocos días de su publicación, — se articula en torno a cinco grandes bloques que reflejan los principales retos de la disciplina: desde la aplicación real y motivada del interés superior del menor hasta la necesidad de reforzar la estabilidad emocional y la coparentalidad efectiva; desde la coordinación internacional en supuestos de sustracción hasta el abordaje integral de la violencia económica; desde la justicia de equilibrios en la liquidación de regímenes matrimoniales hasta la correcta planificación sucesoria para proteger con prudencia la voluntad de los testadores. Todo ello bajo un enfoque que combina análisis jurisprudencial, reflexión técnica y experiencia práctica, con el objetivo de avanzar hacia decisiones más predecibles, comprensibles y centradas en las personas.
La cita llega con el aval de una Sección, la de Familia y Sucesiones, que agrupa a más de 5.300 letrados y letradas, lo que la convierte en la más numerosa del Colegio. “El programa que hoy inauguramos refleja la riqueza y complejidad del Derecho de Familia”, concluyó Zabalgo. Un Congreso concebido “no solo para debatir custodias o herencias, sino para celebrar el compromiso colectivo de una comunidad profesional viva, unida y dispuesta a brindar por su vocación común: la defensa jurídica de las familias”.
