El pasado 27 de enero, la Sección de Comunicación y Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid celebró una jornada «Lucha contra la desinformación: ¿avance o amenaza para nuestras libertades?». Este encuentro, moderado por Mercedes Asorey, copresidenta de la Sección, reunió a destacados expertos en derecho de la información, la comunicación y el Derecho para analizar los desafíos que plantea la desinformación en un contexto de creciente regulación.
Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital, inició el debate reflexionando sobre la importancia de preservar la libertad de expresión en la era digital. Subrayó el peligro que suponen los algoritmos de recomendación en las redes sociales, los cuales, según explicó, priorizan contenidos de manera interesada, lo que puede influir en la opinión pública y las decisiones electorales. “Permitir que sean las plataformas digitales las que decidan qué información es visible sin supervisión efectiva es incluso más peligroso que la censura directa”, afirmó.
Adsuara señaló que cualquier regulación sobre la desinformación debe equilibrarse cuidadosamente para no comprometer los derechos fundamentales y destacó cómo la desinformación influye en la opinión pública y las decisiones electorales, señalando la urgencia de definir con precisión qué constituye desinformación y cómo abordarla legalmente.
Carlos Berbell, director de Confilegal, centró su intervención en la importancia de la transparencia en la comunicación institucional. Criticó la falta de claridad en los mensajes oficiales y cómo esta situación fomenta la desinformación, erosionando la confianza pública. Desde su experiencia como periodista, abordó los retos que enfrenta el periodismo de investigación frente a las noticias falsas y enfatizó la necesidad de que las agencias de noticias operen con rigor e integridad para fortalecer el acceso a información confiable.
Además, Berbell planteó un análisis crítico del anteproyecto de ley orgánica del derecho de rectificación, al que señaló por no incluir el derecho de alusión o réplica. “El derecho de rectificación no lo cubre todo”, aseguró.
Por su parte, Loreto Corredoira, profesora titular de Derecho de la Información y codirectora del Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid, ofreció una perspectiva académica sobre el fenómeno de la desinformación. Planteó la necesidad de establecer un marco legal que refuerce el derecho a la información y propuso definiciones claras para combatir eficazmente la desinformación. Asimismo, presentó las iniciativas del Observatorio en la investigación y sensibilización sobre la verdad informativa, subrayando la relevancia de distinguir entre opinión y hechos en un entorno mediático cada vez más digitalizado.
Finalmente, Natalia Velilla, magistrada y especialista en derechos fundamentales, abordó la conexión entre desinformación y derechos fundamentales, destacando la protección de la intimidad, el honor y la libertad de expresión como pilares esenciales en esta lucha. También reflexionó sobre el papel de los tribunales en los casos de desinformación, señalando la necesidad de una justicia más especializada y eficiente en este ámbito. Finalmente, Velilla hizo un llamado a promover la educación y la responsabilidad ciudadana, alentando un consumo crítico de la información y una defensa activa de los derechos digitales.
Durante el debate, los ponentes coincidieron en que, aunque la regulación es fundamental, no basta para combatir la desinformación de forma eficaz. Es imprescindible educar a la ciudadanía y promover la transparencia en la comunicación institucional y el uso de algoritmos en plataformas digitales.
La jornada puso de manifiesto la complejidad de abordar la desinformación en un entorno normativo en constante evolución, así como la importancia de garantizar un equilibrio entre la regulación y la protección de las libertades fundamentales.
