La Sección de Derecho de la Unión Europea e Internacional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada titulada “La reciente reforma del TJUE: un nuevo horizonte para la jurisdicción europea”, en la que se analizaron los cambios derivados del Reglamento 2024/2019.
La sesión, realizada en el Salón de Actos del ICAM, contó con la ponencia de Juan Ignacio Signes de Mesa, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y copresidente de la Sección, quien profundizó en los aspectos más relevantes de la reforma.
A partir del 1 de octubre de 2024, el Tribunal General ha asumido competencias para resolver cuestiones prejudiciales en áreas específicas, función que hasta ahora pertenecía exclusivamente al Tribunal de Justicia. Según explicó Signes de Mesa, esta transferencia de competencias, recogida en el modificado Protocolo 3 sobre el Estatuto del TJUE, “es una transferencia capital, por cuanto, hasta ahora, en 70 años de integración, era el Tribunal de Justicia exclusivamente el que conocía de estas cuestiones prejudiciales. A partir del 1 de octubre de 2024, el Tribunal General también conocerá cuestiones prejudiciales en las materias específicas establecidas en el artículo 50 ter del estatuto”.
Durante la jornada, se detallaron las implicaciones de esta reforma, que no sólo afecta a la competencia de los tribunales sino también a la estructura y funcionamiento de los procedimientos. Los cambios incluyen modificaciones tanto en la fase escrita como en la fase oral de los procesos, así como en la composición de las formaciones de enjuiciamiento. Además, la nueva normativa establece mecanismos internos para que el Tribunal de Justicia pueda remitir casos al Tribunal General en las materias previstas.
El ponente concluyó destacando el impacto práctico de la reforma: “Con la transferencia parcial de competencias en materia prejudicial, junto al nuevo sistema de filtrado de recursos de casación, el TJUE se dirige hacia una jurisdicción más eficiente, transparente y moderna”. Este cambio, subrayó, “podría abrir la puerta a futuras ampliaciones de competencias para el Tribunal General”.
